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Paraguay, Covid-19 y programas sociales de ingreso

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Por Stella Mary García. Lic. y Mg. Trabajo Social. Docente e Investigadora en temas referidos a Trabajo Social y Políticas Sociales, actual directora de la Licenciatura en Trabajo Social, Universidad Nacional de Asunción (2021).

 En Paraguay la muerte por COVID 19 es una de las numerosas de la región. Cada jornada concluye con más de 100 fallecidos, y para un país con poco más de 7 millones de habitantes, registrar en la actualidad poco menos de 300 mil vacunados/as, y casi 9 mil muertos, resulta alarmante.

Siguen a lo señalado, el desempleo, el desabastecimiento de los puestos sanitarios, la insuficiente disponibilidad de UTI Unidad de Terapia Intensiva, la brecha digital para la continuidad con la educación virtual, el desempleo estructural y el coyuntural, entre otros.

Nos detendremos en los programas que otorgan ingresos, por los múltiples reclamos ciudadanos respecto al tema y la escasa trayectoria de Paraguay en cuanto a subsidios emergenciales, así como los de carácter más sistemáticos.

El principal subsidio que registra históricamente está asociado al vínculo de obreros formalizados en relación de dependencia (seguridad social que no superó a lo largo de la historia, el 20%, del PEA), lo que, para un país cuya relevante historia económica es la producción primaria rural, hasta hace poco más de medio siglo, significó mayoría poblacional sin la influencia a programas sociales que abarquen ingresos. En décadas más recientes, los programas de transferencias monetarias Tekopora, Abrazo y la Pensión Alimentaria para el Adulto Mayor (PAM) cumplen un rol importante entre los programas que otorgan ingresos. Las respuestas relevantes del año 2020 se basaron en la contingencia por el COVID 19, planteada por tres programas puntuales; Pytyvo; con el subsidio destinado a trabajadores informales, Ñangareko; subsidio enmarcado en la seguridad alimentaria y también; el subsidio a trabajadores formales, agenciado por el IPS[1]. Sin embargo, todo esto no articuló un sistema de asistencia social.

Valía de la interseccionalidad en los abordajes del trabajo social en programas de ingresos

Las intersecciones referidas a clase social, género, raza, credo, etc. necesitan un lugar en el análisis, en el discurso y en las prácticas enmarcadas en derechos humanos, de cada uno de los programas que otorgan ingresos. Quienes operan en las políticas sociales, entre ellos las/os trabajadoras/es sociales tenemos autonomía relativa no sólo para elecciones y apuestas en micro ámbitos, sino para solidificarlos en proyectos colectivos.

Por tanto, asumir como desafíos para la agenda profesional las intersecciones, supone renovar marcos interpretativos, trabajar en los equipos interdisciplinarios (multi o trans) para cobrar lugar en las estructuras de las políticas públicas. Nuestro supuesto es que hoy las políticas públicas en Paraguay no tienen la proximidad necesaria con perspectivas de Interseccionalidad (perspectiva política) que podría contribuir a revelar las diversas intolerancias, fobias, homofobia, xenofobia, misoginia, etc., ocultadas detrás de distintos formatos.

Los programas que otorgan ingresos, en especial los de transferencia monetaria condicionadas, trabajan con la familia, la que, si bien aportan para subsistencia y estimula el ejercicio de derechos a la salud y la educación, alimentación, entre otros; refuncionaliza a la familia sometiéndola a una disciplina seriada, conducente al trabajo, en condiciones no siempre protegidas. Por tanto, requiere incorporar la concepción de trabajo hacia muchas expresiones laborales presentes en la realidad actual, como por ejemplo la economía feminista. Ésta, considerando el trabajo productivo y el reproductivo; así como el proceso y el producto en el marco de las relaciones capitalistas de producción.

La apuesta por otorgar importancia a la intersectorialidad, lleva a asumir que Paraguay no tiene trayectoria de universalización de las políticas sociales. Hay una franja grande (más del 70%) de desasistidos por programas que otorgan algún tipo de ingresos, que a su vez se encuentra con otros problemas estructurales de desigualdad. Una de las discordancias más fuertes con la igualdad es lo referido a la tenencia de tierra; 3% de la población es dueña del 85% de las tierras (OXFAM; 2018)[2].

Lo trascendente de las/os profesionales que operamos al implementar políticas sociales, radica en que nuestra intervención puede reproducir miradas que develan o que separan lo social y lo económico, la familiarización de la pobreza, la responsabilización de los empobrecidos, las mujeres, los niños y niñas, etc. a lo que es pertinente colocar en la agenda. Las identificaciones de intersecciones deben visibilizarse en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de los proyectos y programas de políticas sociales.

Nuestra crítica a la política de la identidad grupal de forma homogénea, sin observar la diversidad interna en el entendido de que todos/as tenemos identidades complejas, con ejes diversos que de alguna manera nos están definiendo, conduce a plantear el desafío de identificar identidades grupales muy diversas, entre las que se encuentra las de resistencia. Las luchas respecto a temas distintos a los enfocados por los programas de transferencias de ingresos (lucha por la igualdad de las diversidades en cuanto a orientación sexual, credos, etc.) posibilitarán espacios que potencien ciudadanía.

Los programas jubilatorios y Tekopora, Tenonderá, Pensión Alimentaria a Adultos Mayores, Abrazo, Pensiones Graciables y Pensiones a Veteranos de la Guerra del Chaco tienen importancia en el impacto de la vida de las personas al contar con un eje común:  la transferencia económica.

Si bien, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2021) estima que los diversos programas de transferencias en el 2020, evitaron el aumento de la pobreza, dejándola en 26,9% , en vez de 30,1% de la población, lo que significa aproximadamente 230.000 personas menos en condición de pobreza”, en la generalidad poblacional y con los movimientos económicos decrecientes en los distintos segmentos poblacionales, en especial en las capas medias; se deben contemplar variantes integrales, conducentes a la ampliación de programas que otorguen ingresos.

La revisión de los montos, que en el caso de los programas más sistemáticos en la entrega monetaria como Tekopora, no supera el 25% del sueldo mínimos en entregas bimensuales, acompañados de esquemas rudimentarios de protección básica a la salud y educación en contexto de pandemia, requiere ceñirse de manera más estricta a la emergencia actual.

Así también el plan de subsidio a Adultos Mayores, que otorga el 25% del sueldo mínimo, mensual, pone en cuestión la efectividad de los programas emergenciales; por el carácter de contingencia esporádica, breve ciclo, escasa cobertura de otros servicios públicos y ausencia de instrumentos de evaluación de impacto social.  Aun así, las transferencias juegan un rol importante en la contención de la pobreza extrema, al estimar el INE (2021) que el Programa Pytyvõ, otorgó en 2 oportunidades a 7 de cada 10 trabajadores informales el pago del subsidio.

El INE (2021) indica además que Ñangareko auxilió a 285.769 personas, al tiempo que el Tekoporã a 164.309 familias beneficiarias y la Pensión Alimentaria al Adulto Mayor subsidió a 219.780 personas. También que Pytyvõ llegó a los 17 departamentos del país.

Programas sociales de ingresos: algunas propuestas

Del total de personas mayores de 65 años en Paraguay, apenas el 55,8% cuenta con algún beneficio de la protección social (INE, 2021). En esta población se encuentran quienes reciben los programas Tekoporá y la Pensión Alimentaria al Adulto Mayor, cuyas transferencias monetarias son claramente insuficientes. A esto se suma la fragmentación de los programas, que muestra la necesidad de iniciar algunas cuestiones básicas tales como:

  1. Un diagnóstico que releve todas las dificultades del diseño, implementación e impactos de los programas que generan ingresos en el contexto de la pandemia por COVID19, los que darán insumos a Ñangareko y Pytyvo, así como las intersecciones de género, edad y otros, para que, en el futuro el programa de ingreso económico, se plantee en el concierto de las múltiples respuestas estatales a las demandas sociales vigentes.
  2. Ajustes al diseño en el marco de un sistema nacional de asistencia, en la que se involucra a todos los programas que otorgan recursos económicos o bienes y servicios que contrarresten distintos tipos de riesgos y permitan combinar respuestas generales o universales y las específicas o focalizadas, así como las intersecciones, según demanda o necesidad de grupos poblacionales.
  3. El sistema jubilatorio de los trabajadores de Paraguay necesita un rediseño, al notar que no contempla al trabajador rural y en años recientes incorpora a trabajadores domésticos e independientes, fue diseñado para una población excepcional, típico del modelo bismarckiano pensado en empleados públicos[3].
  4. El contexto actual muestra además el cierre de muchas empresas por la pandemia, que, para los trabajadores formales destituidos temporalmente, significó el reintegro de 50% del salario mínimo (G. 1.096.000) a 120 mil personas en un primer periodo y otras 80.000 personas en segundo periodo, agenciados desde el IPS, como algunas de las medidas tomadas ante la falta de un Seguro de Desempleo de los trabajadores formales (Imas V. 2021).

Un sector relegado de la protección en cuanto a ingreso económico en Paraguay constituye los trabajadores de la Agricultura familiar. De 269.559 fincas, hasta 50 hectáreas, que con 205.994 productores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (2016) y junto a sus familias involucra a un total de 1.148.829 trabajadores (EPH) de 2018, pasan a constituir casi la mitad de quienes están en situación de pobreza (DGEEC, EPH 2018).

Si bien creció la importación de productos, la afectación de la venta de los productos nacionales de la agricultura familiar, con la depreciación del acopio y la comercialización; se sumó a una sequía que agravó los problemas del sector (dificultades de acceso a mercados, bajos precios, etc.), las sequías, heladas, lluvias intermitentes, granizos y plagas conformaron los elementos de riesgo para la Agricultura Familiar. En la primera mitad del 2020, de la fuerza de trabajo total de 66,7% de la población, solo 61,6% operaba, habiendo subutilización de la fuerza trabajo de 7% de la población. Los desocupados eran 7,6% y los inactivos circunstanciales por la pandemia más de 217 mil personas. Los asalariados conformaban 1.475.253 personas (47,1% de los ocupados), repartidos entre empleados del sector público (23,7%) y del sector privado (76,3%), de los cuales, 1.118.056 personas habitaban el área urbana (75,8%) y 357.197 radicaban en el ámbito rural (24,2%).  El empleo doméstico en ese tiempo fue de 210.289 personas, de las que; 75,5%, se encontraba en el área urbana (DGEEC, EPHC 2020).

Los datos antes citados, conducen a pensar en la necesidad de seguro de desempleo. Sobre todo, al observar realidades internacionales del Mercosur, notando que solo Paraguay y Bolivia no lo implementan en la actualidad (Imas V. 2021).

5º) Es imperioso incorporar diversas intersecciones en los programas que otorgan ingresos y constituyen un imperativo de exploración, así como su incursión en los diseños, y en todo el ciclo de la política, lo que supone descifrar estrategias de acción profesional para el Trabajo Social y agendas en la organización profesional local y nacional, así como la incorporación del tema en los espacios de formación del Trabajo Social en Paraguay. que podrían contribuir a fortalecer e integralizar tanto los procesos individuales, como los colectivos:

A modo de conclusión:

Este trabajo explora respuestas estatales que otorgan ingreso económico en el contexto de la pandemia por el COVID19, exponiendo que existe fragmentación en los programas existentes, descoordinación entre el Estado central y los gobiernos municipales, ausencia de universalidad y gratuidad en la oferta pública en salud, un modelo tributario inapropiado para sostener y ampliar programas, entre otros, nudos críticos que contextualizan los programas de ingresos.

Sin embargo, la asistencia monetaria se constituye en uno de los retos más apremiantes para el Paraguay, acompañado del debate sobre las posibilidades de la RBU[4] o ingreso ciudadano.

En el ínterin urge que se instalen estos temas en la agenda:

  1. Los destinatarios de todos los programas focalizados que otorgan ingresos según diseño, cuenten con dicha cobertura. Hoy, aproximadamente la mitad de todas las familias en extrema pobreza que debieran estar dentro del programa Tekopora, no lo están. Lo mismo ocurre para el programa Abrazo y la pensión para el Adulto Mayor.
  2. Se observa necesidad de generar programas complementarios que otorguen subsidios según necesidades específicas; a mujeres, niños/as y adolescentes, así como a familias que realizan cuidados de algún miembro del hogar por dependencia a causa de enfermedad; a personas con discapacidad, a comunidades indígenas (enmarcados en sus patrones culturales), trabajadores de la agricultura familiar, seguros de desempleo, entre otros.
  3. Es necesario un giro fundamental instalando el debate hacia consensos sobre la universalidad de 3 políticas claves; la salud, la educación y el ingreso básico para la alimentación. Ello podría inclusive impactar a los cuestionados programas focalizados que otorgan ingresos, mencionados en este trabajo. Ampliar Programas de Ingreso no reemplaza ni resuelve las limitaciones de las políticas actuales, sin embargo, su relación con una mayor oferta de servicios públicos y reformas tributarias a sectores que acumulan más (sojeros, tabacaleros, ganaderos, etc.) haciéndolas posibles y sostenibles, se constituye en el imperativo ético más urgente a la política pública en el presente, con miras a posibilidades de Ingreso ciudadano.
  4. Considerando que la interseccionalidad aporta a tensionar e identificar puntos neurálgicos contrarios a la igualdad, reconociendo las contradicciones del capitalismo, el patriarcado, así como las demás expresiones visibles en grupos etarios y represiones colonizadoras, es importante su incorporación en la agenda de las políticas públicas, su instalación, apropiación y manejo por profesionales de nuestra disciplina. Esto supone que las instancias organizadas a nivel profesional y de la formación académica, incorporen, en ámbitos de actualización, debates, estudios de casos, investigaciones comparadas, etc. sobre la interseccionalidad como recurso superador e inaplazable.

 

Bibliografía

Notas:

[1] IPS Instituto de Previsión Social

[2] El hombre y la tierra, protagonistas del Mes de la Fotografía de Paraguay | Cultura | EL PAÍS (elpais.com). El país: 5 setiembre 2018. https://elpais.com/cultura/2018/09/05/actualidad/1536170349_815742.html

[3] Navarro y Ortiz E (2014) El Sistema de pensiones de Paraguay, Debilidades que exhibe y perspectivas de la reforma, cadep.org.py

[4] RBU Renta Básica Universal

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