Por Adriana Clemente. Trabajadora Social. Dra. en Ciencias Sociales UBA. Profesora e investigadora de la FCSs/UBA. Directora del CEC. Sociales.
La pandemia COVID 19 y sus derivaciones políticas, económicas, sociales y culturales serán motivo de estudio a largo plazo. En el campo de las ciencias sociales el análisis en tiempo real de los fenómenos asociados a la pandemia se puede tornar errático. Las observaciones y las predicciones tienden a perder rápidamente vigencia ante los cambios en los comportamientos y la experiencia colectiva ante las medidas de cuidado y la evolución de la enfermedad. A su vez, la centralidad de lo biomédico y lo epidemiológico tiende a dejar en un lugar marginal el aporte de las ciencias sociales a la gestión de la crisis sanitaria. En este sentido, se torna importante captar y describir la evolución y desenvolvimiento de los sucesos y reconocer la complejidad, antes que caer en simplificaciones o explicaciones efímeras.
De modo breve y preliminar, este artículo reflexiona sobre el rol del Estado en la democratización del cuidado, que en este caso refiere a intervenir de modo incremental en compensar las diferencias, que por su posición económica tienen los sujetos frente al riesgo, es decir frente a la probabilidad de experimentar un daño como es el contagio y sufrir su potencial letalidad. Para esto revisamos enfoques sobre la política social que son previos a la pandemia y su aplicabilidad y/o resignificación frente a un evento catastrófico y extraordinario como es una crisis sanitaria global causada por un virus nuevo y de cuya evolución epidemiológica poco se sabe.
El control del riesgo
A más de un año de transitar la pandemia, hay acuerdo en que el COVID puso en evidencia los peores indicadores macro y micro sociales que ya tenían las sociedades antes de la irrupción de la pandemia. La evidencia acumulada en este año es que el virus no solo genera nuevos y serios problemas, sino que principalmente anida y escala su letalidad en torno a los problemas preexistentes de la sociedad, principalmente los referidos a la desigualdad, la pobreza y la mercantilización de las políticas sociales de salud, educación y cuidado en general.
Por ejemplo, sistemas de bienestar muy consolidados como el de algunos países de Europa occidental cuando estalló la demanda en la llamada primera ola, no pudieron ocultar las consecuencias de la avanzada mercantilización de sus sistemas de salud pública. Lo mismo ocurrió con sus ya precarizados mercados de trabajo, cuyos dispositivos de compensación existentes (seguro de desempleo, becas y otras formas de subsidio) debieron ser auxiliados con onerosos refuerzos.
Para países de América Latina y a más un año de instalada la pandemia, aunque con diferencias por país, los indicadores de pobreza y mortalidad son catastróficos. La enfermedad se instala y crece en torno a problemas endémicos de la región, como son la desigualdad, la informalidad laboral y la pobreza estructural. El impacto económico para países con sistemas de seguridad social muy débiles, no habilita como en los países ricos, compensaciones que puedan mitigar las medidas de restricción indispensables para el control de la pandemia. En tal sentido, se impone la necesidad económica de las personas por sobre las regulaciones sanitarias de prevención y control que puedan recomendar los especialistas.
En países como Argentina, con una larga tradición en materia de salud pública y seguridad social se experimentan los límites que impone la situación económica, agravada por el sobre endeudamiento externo y la consecuente crisis en la disponibilidad de divisas, insumo básico en un mundo globalizado. En este contexto y atendiendo a la politización que está sujeta la gestión de la pandemia en todos los países. Nos preguntamos por las opciones que se les presentan a los gobiernos de los países pobres, respecto al enfoque de la gestión social de la pandemia.
¿La gestión del riesgo o la mitigación del daño?
Robert Castel planteaba que el porvenir de la sociedad debe leerse bajo el signo de la amenaza y del peligro. Se trata de una visión de riesgo omnipresente. Este autor apunta a no tener una visión catastrófica y amenazante del riesgo, sino de poder tener anticipación y en ese sentido habla de “no sumar riesgos”, de ahí que propone prevenir y ampliar el esquema de protecciones sociales. (Castel, 1998 y 2008) Para Castel los riesgos sociales son “azares de la existencia social” como la enfermedad, el accidente, la interrupción del trabajo, la vejez, etc.[1] La respuesta a ese tipo de cuestión fue la mutualización de los riesgos: los seguros obligatorios. La llamada “sociedad aseguradora” lleva varias décadas de declive atribuible a las reformas neoliberales, la progresiva precarización del trabajo y el aumento de la expectativa de vida.
Más allá de los aspectos polémicos que se atribuye al enfoque de riesgo, es indiscutible que el rol del Estado en la reducción de los riesgos es insustituible, la clave de esta reducción está en la articulación entre la seguridad y la ayuda social, es decir la articulación del mercado de trabajo y diferentes dispositivos para compensar sus fallas. De no ser el Estado, la fuente de protección queda en manos del mercado, cuya lógica es darle a cada uno lo que su posición económica habilite. Esta es la propuesta neoliberal cuyas consecuencias negativas son evidentes con o sin pandemia.
La pandemia y su gestión golpean el corazón de la economía de mercado y sus ciclos de producción y consumo. A más informalidad del mercado de trabajo, menor es la posibilidad de colectivizar el riesgo y que los daños se produzcan en una proporción importante en los segmentos de población que no pueden controlar su exposición a la enfermedad. De ahí que el esquema de las protecciones se ve exigido a dar respuestas excepcionales, que atiendan tanto a las personas que por su función están más expuestas (trabajadoras/es esenciales), como de quienes no tienen como auto protegerse por razones económicas.
Más allá de los matices que podemos observar en cada sociedad atribuibles a razones políticas, económicas y culturales. Los gobiernos se identifican con dos tendencias, ya conocidas y estudiadas, que son la desfamiliarización o familiarización del cuidado.
La noción familiarización/desfamiliarización hace referencia al proceso por el cual la política social asigna a las familias la responsabilidad primaria sobre la provisión de bienestar a sus miembros (principalmente a los niños y ancianos) en base al principio de solidaridad familiar. (Adelantado y otros, 2000)
Con la derrota generalizada de las experiencias progresistas de principios de siglo en la región, asistimos desde inicios de esta segunda década a una renovada vigencia del modelo familiarista, no solo para justificar la retracción del gasto social en nuestros países, sino por la intención conservadora de reinstalar el rol de la mujer y la familia en la prosecución de bienestar, desconociendo no solo los derechos de género, sino principalmente las situaciones diametralmente diferentes entre regiones, países y aún dentro de un mismo país, según se trate de uno u otro estrato social. En este sentido, la noción de familiarismo se asemeja al concepto de privatización del bienestar utilizado por Jelin (2010). Esta noción hace referencia a los procesos por el cual se tiende a responsabilizar a las unidades domésticas y a las organizaciones comunitarias de gestionar la atención de las necesidades sociales. En síntesis, se trata de un desplazamiento de decisiones que tiende a descolectivizar tanto el entendimiento de las causas, como la acción concertada en torno a su transformación.[2]
La opción desfamiliarizado, en clave de la gestión de la pandemia, pone al Estado en el centro de la escena y pondera su rol como autoridad para ejercer regulaciones sobre las medidas de cuidado, la imposición de restricciones consideradas necesarias. Al tiempo que se opera en los sistemas de salud bajo la premisa de la cobertura y derecho a la atención médica oportuna y protocolizada según estándares comparables entre subsistemas (público, mixto o privado), la prevención y la reducción de la exposición a la enfermedad de los trabajadores (formales e informales), el fortalecimiento de redes de cuidado de proximidad y la expansión de la inmunización a los grupos de riesgo.
El modelo familiarista para la gestión de riesgo en pandemia, desplaza en las personas y las familias decisiones cotidianas que pueden ir desde la opción o no de vacunarse (cosa que está universalmente aceptada), hasta definir la escolaridad (presencial o no) de los niños, niñas y adolescentes, y deja en soledad a las organizaciones sociales resolviendo con recursos propios problemas que debería atender el Estado. A su vez, en este modelo no se espera reconocer la informalidad y precariedad laboral como un problema del Estado, en consecuencia, el mercado se mantiene funcionando, no por su poder de servicio (cosa que podría ser atendible) sino porque no media la voluntad de compensar su inactividad.
Manejo del riesgo es también manejo de la incertidumbre, se trata de no dejar a las familias en un terreno sin normas que amplíen aún más el padecimiento que pueden estar experimentando por temor a sufrir daños irreparables. La experiencia indica que la anomia es el mejor recurso que puede tener el mercado para cumplir su propósito de acumulación con ganancias extraordinarias, algo frecuente en las crisis (guerras, emergencia climática, epidemias, etc.).
En Argentina vemos que más allá de la federalización a la que están sujetas las medidas, y de la limitada disposición presupuestaria para aliviar el día a día de las familias, el Estado Nacional y la gran mayoría de los gobiernos subnacionales, asumen la gestión de la pandemia y sus costos políticos. En tal sentido podemos pensar que quienes boicotean los esfuerzos por el cuidado colectivo, tienen como convicción más que la declamada libertad de las personas, la libertad del mercado y la premisa del “cuanto peor mejor”.
Bibliografía
- Castel, R. (1998). La gestión del riesgo social. Madrid, España: Anagrama.
- Castel, R. (2008). El aumento de la incertidumbre. En R. Castel, La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires, Argentina: Editorial Manantial
- Jelin, E. (2010). Pan y Afectos. La transformación de las familias. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
Notas:
[1] El enfoque de los riesgos sociales tiene vigencia en los enfoques proteccionales que atribuyen poder integrador a las políticas sociales. En este caso y atendiendo a la particularidad del contexto COVID el concepto adquiere un renovado interés.
[2] Siguiendo a Castel (2008), la descolectivización como fenómeno se deriva principalmente de las incertidumbres generadas por la pérdida de canales de solidaridad colectiva, resultantes de la participación organizada en el mercado de trabajo.