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11 de julio de 2023
Este trabajo se propone como objetivo analizar el derecho a la salud sexual y en particular el acceso a los métodos anticonceptivos en la Argentina.
Concepciones sobre la sexualidad
Para analizar lo que implica socialmente la salud sexual, y en particular la cuestión anticonceptiva, es importante tomar en cuenta los aportes de teorías que nos permiten pensar el vínculo entre el poder y el control sobre los cuerpos y su vínculo con la natalidad de una población. Si bien no es objeto de este trabajo el debate sobre el control poblacional a partir de la anticoncepción, es importante mencionarlo como concepto que atraviesa la discusión sobre los anticonceptivos.
Michel Foucault, uno de los teóricos más importantes del siglo XX, hablando específicamente del sexo, plantea que se inscribe en dos dimensiones: “da lugar a la vigilancia, a exámenes médicos o psicológicos indefinidos, a todo un micropoder sobre el cuerpo; pero también da lugar a medidas masivas, a estimaciones estadísticas, a intervenciones que apuntan al cuerpo social entero o a grupos tomados en conjunto” (Foucault, 2007, p. 178). Afirma que “El sexo se convirtió en el blanco central para un orden organizado alrededor de la administración de la vida y no de la amenaza de muerte” (Foucault, 2007, p. 178). Para el autor el desarrollo de la demografía en el siglo XVIII tiene un vínculo con esta visión de un cuerpo social que debe ser controlado a partir de medidas masivas, en donde el control de la natalidad tendrá un rol fundamental, como así lo tendrá el sexo en el cuerpo individual.
Con la aparición de los métodos anticonceptivos modernos en el siglo XX, y en vinculación con el control de la natalidad, el tema se tornó central en las políticas de gobierno, interviniendo tanto para aumentar como para disminuir el tamaño poblacional. Pensar en la responsabilidad económica individual por el cuidado de la salud es una perspectiva que afecta a las mujeres y personas con posibilidad de gestar en mayor grado, ya que son quienes demandan mayor atención de la salud y por otro lado poseen menores niveles de ingreso, pero además necesitan de mayor cantidad de insumos para el cuidado de su salud, que de no ser provistos por el Estado es un gasto que deben afrontar y por lo tanto generador de desigualdad (Gómez Gómez, 2002).
La entrega de métodos anticonceptivos de manera gratuita en sí mismo no garantiza los derechos sexuales en nuestro país, donde existen desigualdades generadas a partir de múltiples factores como la cobertura de salud, los ingresos de los que se disponga y otros muchos motivos. Pero garantizar el acceso puede reducir estas desigualdades existentes.
Antecedentes históricos de las políticas de salud sexual en la Argentina
Para la década de 1920 en la Ciudad de Buenos Aires se difunden diferentes métodos anticonceptivos como la prolongación del amamantamiento, el uso de condón, diafragmas, productos químicos o esterilizaciones temporarias efectuadas por algunos médicos. Pero todos estos métodos eran alcanzados casi exclusivamente por los sectores medios, junto con el coitus interruptus ” que era el método generalizado. Para las clases trabajadoras el aborto sería el único método con algún nivel de efectividad para controlar la fecundidad (Nari, 1996).
La única respuesta que la medicina ofreció hasta 1930 para regular la maternidad fue la “contención sexual”, que a partir del descubrimiento del período genésico dentro del ciclo menstrual ofreció la “continencia periódica”, como forma de control aceptada como práctica social por la moral médica y familiar reinante en la época, fuertemente influenciada por ideas católicas que permitía limitar nacimientos sin incurrir en pecado (Barrancos, 1991).
Para 1960 en la Ciudad de Buenos Aires aproximadamente la mitad de las mujeres de entre 18 y 30 años realizaba una actividad remunerada, además del trabajo doméstico, sumado a la incorporación creciente también a los espacios educativos son fenómenos que pueden explicar la reducción del tamaño de las familias, pero también nuevas pautas de relaciones pre matrimoniales, uniones consensuales, separaciones y lo más significativo en términos de este trabajo una política consciente de planificación de los nacimientos. La historiadora Karina Felliti nos describe lo que significó el uso de las pastillas anticonceptivas para la vida cotidiana
Sin duda, la aparición de las píldoras anticonceptivas fue un elemento clave en estos desarrollos. La píldora brindó a las mujeres la posibilidad de contar con un método de anticoncepción propio y eficaz, que no intervenía en el acto sexual y que podía ser utilizado más allá del acuerdo masculino (Felitti, 2005, p. 334).
Para 1970 hubo estudios que presentaban pastillas combinadas con menores dosis de estrógeno, por lo que disminuían los efectos secundarios, poco a poco la comunidad médica fue avalando su uso, pero presentaban como problema la falta de seguimiento y control de las usuarias que muchas veces no volvían a la consulta médica. Ante este problema recomendaban el uso del dispositivo intrauterino de cobre ya que no requiere recordar cada día la toma del método en el mismo horario como la pastilla (Felitti, 2009).
La dictadura militar que derroca el gobierno de Isabel Perón en 1976 prohibió la planificación familiar en los consultorios médicos y utilizó con mayor fuerza los medios masivos de comunicación para promover el “retorno a la familia”, reafirmando la imagen de mujer como madre y esposa subordinada y confinada al ámbito doméstico (Burton, 2017).
Con el retorno a la democracia en 1983 aparecen con más fuerza secretarías y oficinas “de la mujer” en los diferentes ámbitos de gobierno, sin embargo, los temas referidos a la sexualidad tenían pocos espacios para ser debatidos. Las resistencias médicas al uso de anticonceptivos persistieron y persisten hasta el día de hoy por diferentes motivos, pero no solo en la corporación médica, sino en otros espacios de poder político y social. Karina Felitti analiza este vínculo entre las resistencias al uso de métodos anticonceptivos y las concepciones sobre la cuestión demográfica
A pesar del consenso favorable que fueron alcanzando los nuevos métodos anticonceptivos, los argumentos contrarios a la planificación familiar por cuestiones demográficas y de soberanía nacional, continuaron y hasta se reforzaron (Felitti, 2005, p. 352).
Los debates y tensiones que implica el uso de métodos anticonceptivos y su relación con el control de los cuerpos y la cuestión demográfica continúan hasta la actualidad en diversos espacios sociales.
El derecho a la salud sexual
Universalizar el acceso a los métodos anticonceptivos se convirtió en preocupación de los Estados a mediados de la década de 1990, como consecuencia de las conferencias de Naciones Unidas “Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo” (CIPD), y “Conferencia Mundial sobre la Mujer”.
El Programa de Acción de la CIPD, aprobado en 1994 por 179 Estados miembros, establece un plan de largo alcance para promover el bienestar humano. Destaca el valor de invertir en las mujeres y las niñas, como un fin en sí mismo y como un elemento esencial para mejorar la calidad de vida de toda la población y afirma la importancia de la salud sexual y la salud reproductiva como requisito previo para el empoderamiento de la mujer (Sharma et al., 2005).
Además, el Programa de Acción destaca los vínculos fundamentales existentes entre la salud y los derechos sexuales y reproductivos y casi cualquier aspecto de la población y el desarrollo, desde la urbanización, la migración y el envejecimiento hasta la modificación de las estructuras familiares y la importancia de tener en cuenta los derechos de la juventud. Llama la atención sobre las formas en las que la inversión en las mujeres y la juventud, especialmente en los aspectos relativos a su salud sexual y reproductiva, puede afectar a la sostenibilidad medioambiental y a la dinámica de la población (Sharma et al., 2005).
El Programa de Acción define la salud reproductiva como “un Estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”. Se explica que, “en consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia” (Sharma et al., 2005).
En la Argentina, la reforma constitucional de 1994 incorporó el artículo 75 inciso 22 a su texto, donde se indica que los acuerdos y tratados internacionales ratificados por el país “tienen jerarquía superior a las leyes” dándole así jerarquía constitucional. De esta manera reconoce el derecho a la salud sexual y el derecho a la salud reproductiva como dos derechos humanos (Cattaneo et al., 2017), el reconocimiento de los derechos a gozar de una sexualidad libre, sin coacción, discriminación o violencia, y a elegir tener o no hijxs, cuándo y cómo hacerlo.
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. Estos derechos son vulnerados cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales una persona puede decidir sobre su salud y su vida reproductiva “como, por ejemplo, la falta de opciones anticonceptivas, la negación a la atención o a realizar una práctica de salud” (Cattaneo et al., 2017)
La firma de estos acuerdos impulsa al país a generar su propio marco legal específico sobre salud sexual y reproductiva. Se aprueba en el año 2002 la Ley 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, que propone como uno de sus objetivos “Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable”. Las provincias adoptan también sus propias leyes en consonancia con la nacional. La provincia de Buenos Aires en el año 2003 sanciona la Ley 13.066 creando el Programa de Salud Sexual y Reproductiva.
UNFPA, la división de Naciones Unidas para la Población, viene ocupándose de los derechos sexuales y reproductivos desde finales del siglo XX, en uno de sus informes Federico Tobar, a cargo del área de insumos de salud sexual de la región de Latinoamérica describe
Una peculiaridad de la región es que la mayoría de los insumos anticonceptivos son adquiridos con recursos de los hogares. Los anticonceptivos figuran en la lista de los medicamentos más vendidos en farmacias en los mayores países de la región como Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. Esto configura un primer desafío porque el gasto de bolsillo constituye la forma más regresiva de financiar la salud (Tobar, 2015).
A pesar de la implementación de variadas políticas de salud y la gestión para mejorar el acceso a métodos anticonceptivos, en Latinoamérica el 65% de las mujeres de 15 a 49 años quiere evitar un embarazo, y el 66% de los embarazos no intencionales tuvieron una demanda insatisfecha de anticonceptivos (UNFPA, 2019).
La distribución de métodos anticonceptivos desde el año 2002 en la Argentina
En el año 2002 mediante la Ley 25673 se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (hoy Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva), que se pone en marcha en el año 2003 en el marco del gobierno de Nestor Kirchner en la órbita del Ministerio de Salud “(…) fue el primer paso de un nuevo paradigma de derechos que consistió en la sanción de distintas normas destinadas a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos” (Suárez, Cattaneo, 2017, p.1).
Uno de los objetivos que establece el marco normativo es “Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual” (Ley 25673) lo que implica la responsabilidad de garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos. Se comienza desde entonces con compras de anticonceptivos orales y dispositivos intrauterinos que se distribuyen a las provincias de forma centralizada.
Desde el año 2010 el Programa Nacional utiliza la logística del programa Remediar del Ministerio de Salud de la Nación para enviar botiquines específicos de Salud Sexual con los métodos anticonceptivos e insumos que componen su canasta a todos los servicios de salud que tienen servicios de salud sexual y reproductiva.
Un análisis del Programa Remediar del año 2012 arrojó como resultados que el 61% de los usuarios del primer nivel de atención corresponde al quintil más bajo de ingresos, el 21% al segundo y 13% al tercer quintil. En el año 2011 se observó que 7 de cada 10 personas que consultaron en los centros de salud fueron mujeres siendo en mayor proporción las mujeres en edad reproductiva (Bang, 2015, p. 3). La Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva evidencia que en nuestro país solo un 32,2% de las personas que utilizan métodos anticonceptivos tienen acceso gratuito a ellos (Ministerio de Salud de la Nación, 2013).
Conclusiones
La salud sexual y los métodos anticonceptivos en particular son de las políticas de mayor alcance poblacional, por la cantidad de personas que requieren acceder a estos derechos. Sin embargo, como se observa en diferentes estadísticas, la mayor parte de ellas tiene dificultades en el acceso, lo que genera desigualdades sociales que el Estado debería observar y atender. Esto afecta a los sectores más vulnerados de la población, principalmente de mujeres. Las políticas de salud sexual pueden tener efectos de control y desigualdad o de ampliación de derechos y mejoras en la calidad de vida.
Autora: Claudia Panizza. Docente de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Integrante del equipo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
Referencias
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