Si sufrís violencia de género llamá al 144.
Con la reestructuración regresiva del mercado laboral a escala global se puso en crisis el pleno empleo. Proliferaron los trabajos flexibles, informales y precarios que no garantizan ni la estabilidad ni los ingresos necesarios para la cobertura de ciertos derechos. En tiempos recientes, en la Argentina este proceso fue agenda del debate público y académico, en el marco de una fuerte caída del poder adquisitivo, principalmente de los trabajadores no registrados, y de un proceso inflacionario acelerado. Es en ese escenario que el Salario (Ingreso) Básico Universal emerge como demanda y como la posibilidad de una nueva política social que urge implementar para aliviar el degradamiento de las condiciones de vida de los sujetos que se encuentran desprotegidos por el Estado y excluidos de la institucionalidad del mercado.
Para sustentar la idea de por qué urge implementar políticas sociales de estas características resulta conveniente incorporar una dimensión histórica que retome el proceso de reconfiguración de la estructura socioeconómica de la Argentina. Proceso que en la segunda mitad del siglo XX dejó como consecuencia a una gran parte de la población en condiciones de informalidad y/o precariedad.
A partir de la década de los setenta el consenso social y cultural en torno al Estado de Bienestar empezó a entrar en crisis a nivel global y en su reemplazo comenzaron a tener predominancia las ideas neoliberales. Esto se desarrolló a la par de la consolidación del mecanismo de valorización financiera en el funcionamiento de la economía, derivando en una reestructuración regresiva del sector industrial. Así, el “Consenso de Washington” fue un hecho parteaguas que marcó un nuevo modelo económico de acumulación en el mundo, considerando al Estado regulador y proteccionista como el origen de las crisis económicas de los países periféricos.
En el marco de aquel proceso de desindustrialización y financiarización de la economía se desató la crisis de la sociedad salarial; crisis del pleno empleo, del empleo formal, asalariado, permanente. En consecuencia, tuvo lugar un aumento de la precariedad, de la flexibilización laboral y de la escasez de empleo, mientras que las sociedades comenzaron a estar amenazadas por un nuevo fenómeno: la exclusión social. La función integradora del trabajo se empezó a resquebrajar; trabajar ya no implicaba ni estabilidad de ingresos, ni el acceso a ciertos derechos (indemnización, obra social o aportes jubilatorios, entre otros), ni la garantía de contar con un salario real que permita acceder a una canasta básica de bienes y servicios.
En Argentina, con la imposición de la dictadura cívico militar de los setenta las clases dominantes se fortalecieron y las clases subordinadas, que hasta el momento compartían condiciones de trabajo y de ingresos favorables, se fragmentaron. Como consecuencia, la estratificación salarial, la pérdida de poder sindical , la terciarización, la precarización laboral, el desempleo y el crecimiento del trabajo no-asalariado emergieron como nuevos problemas sociales. Ponemos atención en esta cuestión dado que en ese marco se consolidó el cuentapropismo, una categoría ocupacional que incorporaba nuevas formas de trabajo que no se encontraban dentro de la relación de dependencia. Para graficar este punto, de acuerdo a Beccaria (2003), el cuentapropismo pasó de representar el 15% de la población activa en 1960 a 23.8% en 1981, significando un aumento de casi 10 p.p. en solo veinte años. 1
Luego de la “década perdida” de los ochenta y con la asunción de Carlos S. Menem en la década de los noventa, el modelo de acumulación de valorización financiera mencionado anteriormente se profundizó. Así, retomando a Beccaria (2003),de 1989 a 1999 la actividad no registrada se incrementó un 9% y la tasa de subempleo aumentó casi un 10%2. Esta situación desencadenó en altos niveles de pobreza y desocupación, que generaron las condiciones para la emergencia del movimiento piquetero y de desocupados.
Ante este escenario socioeconómico, la principal política social desplegada por el gobierno fue el Plan Trabajar (1996), que apareció como un recurso de carácter coyuntural para amortiguar los efectos del propio proyecto económico aplicado. Sin embargo los niveles de pobreza y de desocupación continuaron incrementándose. Así, para octubre del año 2002, cuando aquel esquema polìtico, económico y social se puso en crisis, la pobreza en hogares alcanzó un 45,7%3 mientras que la desocupación alcanzó un 17,8%.4 Con el fin de aliviar estas problemáticas se implementó un programa similar al anterior, aunque más extendido: el Plan Jefes y Jefas de Hogar (DNU N° 420/2002), otra política social de carácter coyuntural y por tiempo determinado.
Posteriormente, en el marco de un nuevo proceso de industrialización y una política de empleo de características diferentes a las implementadas desde los años setenta, a partir de 2003 el rol del Estado comenzó a reconfigurarse. Al crecimiento económico de estos años se lo complementó con intervención estatal y políticas laborales inclusivas, lo que redundó en una mayor integración social, luego de la crisis social, económica y política que estalló en el 2001. De esta forma, y como ejemplo, de acuerdo a Kulfas (2016), mientras que en 2003 el 30% de las personas activas se encontraban subocupadas o desocupadas, para el 2011 esta población se redujo a un 12%, notándose cambios progresivos y significativos en materia ocupacional y distributiva. A su vez, la política de incremento del salario real y de inclusión en la previsión social complementaron este proceso, en tanto el Plan de Inclusión Previsional (2004) fue la primera política social y universal en materia de protección social. A partir de la misma se incorporaron al sistema previsional a más de 3 millones de adultos mayores que se encontraban por fuera del sistema laboral formal y no habían recibido ingresos jubilatorios.
Con Cristina Kirchner como presidenta las políticas sociales tuvieron un nuevo impulso. En ese sentido, en 2009 se produjo la estatización de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y la sanción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Dos medidas que marcaron un hito en la cobertura previsional y de la niñez en el país. Con la universalización de las asignaciones familiares, comenzaron a estar protegidos niños y adolescentes de hasta 18 años, hijos de desocupados o trabajadores del mercado informal.
Posteriormente, en 2014, y en continuidad con el paradigma universalista que marcó parte de las políticas sociales durante el período kirchnerista de la posconvertibilidad, se sancionó la Ley 26.970, que permitió regularizar los aportes por el período que va desde 1993 al 2003 de quienes estaban en edad de jubilarse, incluyendo a más de medio millón de adultos mayores al sistema de seguridad social.
Durante el período kirchnerista también se impulsaron programas que potenciaron el trabajo autogestionado y cooperativo. Ejemplo de ello fueron los programas “Microcrédito” (2006), “Manos a la Obra” (2009), “Argentina Trabaja” (2009) y “Ellas Hacen” (2013). También diversos programas de inclusión social tales como: Conectar Igualdad (2010), Procrear (2012) y el Plan Progresar (2014).
Por todo lo expuesto anteriormente, puede notarse que este conjunto de políticas se encontraba guiado por un paradigma de intervención estatal basado en la ampliación de derechos, alcanzando cierta garantía de ingresos para los adultos mayores y de cobertura universal de las jubilaciones y asignaciones familiares. También pueden destacarse cambios progresivos respecto del salario, de creación de puestos de trabajo, de aumento de la formalidad laboral y de la distribución del ingreso.
Ahora bien, recuperando a Lucía Trujillo y Martín Retamozo (2017), entre el 2003 y el 2014 los asalariados no registrados disminuyeron un 14%, y al finalizar el período el 31% de los trabajadores informales percibía remuneraciones inferiores al salario mínimo. Se puede ver como en un período porgresivo de los salarios y del empleo formal como también de ampliación de la protección social por parte del Estado, esta última no se terminó de consolidar, alcanzando un techo en la inclusión de población en el sistema laboral formal.
Una vez terminado el período de gobierno kirchnerista, desde el 2015 hasta el 2019, con la alianza de “Cambiemos” en el gobierno, volvieron a desplegarse recortes en políticas sociales, a la par de reformas económicas que implicaron un deterioro de los sectores más postergados. En este escenario, fueron los movimientos sociales de la Economía Popular, llamados los “Cayetanos” quienes, forjando articulaciones sectoriales e instalando la demanda en la agenda pública, lograron que se presente y reglamente La Ley de Emergencia Social (Ley N° 3612/2016), que tenía como principales ejes reconocer, registrar y promover un salario social complementario a los trabajadores de la Economía Popular.
Esto permitió al Estado garantizar un ingreso por el desarrollo de las actividades laborales a población relacionada con la Economía Popular5. Esta conquista representó un paso significativo en materia de mejoras en el ingreso y de reconocimiento de un nuevo sector social trabajador alternativo al sistema formal. Sin embargo como producto de las políticas económicas desplegadas por el gobierno de turno (endeudamiento externo, achicamiento del Estado, devaluación, tarifazos, despidos, desindustrialización, ajuste presupuestario, entre otras), los niveles de desigualdad, pobreza e indigencia volvieron a incrementarse. Entre fines del año 2016 y fines del 2019, el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar aumentó de 0.428 a 0.439, la pobreza se incrementó 4.4 p.p. y la indigencia aumentó 1.2 p.p.
En el año 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, emergió la pandemia provocada por el COVID-19 que implicó redefinir el rol del Estado, no sólo en la Argentina sino en todo el mundo. Puntualmente en la Argentina el impacto de la pandemia provocó que la actividad económica se viera fuertemente afectada, cayendo un 10% respecto del 2019.6 Se implementaron diferentes políticas sociales con el fin de acompañar y asistir de forma coyuntural a trabajadores formales, pymes, empresas, servicios públicos, entre otros. Una de las políticas principales fue el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) (2020) que dio cuenta de la informalidad laboral como un problema estructural en el país, poniendo en evidencia que casi la mitad de los hogares viven de la economía informal, es decir que no perciben ingresos de manera regular ni con los derechos que implica el trabajo registrado. A su vez, demostró que los jóvenes y las mujeres son los sujetos más afectados por el desempleo, la informalidad y la incertidumbre laboral. De las 8,8 millones de personas que solicitaron el IFE en el año 2020, 7,8 millones eran trabajadores informales o desocupados, de los cuales más de la mitad eran jóvenes de hasta 35 años y mujeres. 7
Concluido el análisis esbozado hasta aquí resulta conveniente detenerse a observar algunos datos sobre la degradación del salario real (principalmente del sector privado no registrado) que se desarrolló en los últimos años, así como también datos más generales del mercado laboral.
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de INDEC
En el gráfico 1., se observa cómo restando la variación acumulada del IPC a la variación acumulada del índice de salarios por sector respecto durante el período transcurrido entre diciembre del 2016 y abril del 2022, todos los sectores tuvieron una pérdida acumulada del salario real. Sin embargo, se puede ver como el salario real de los trabajadores del sector privado no registrado fue el más degradado, registrándose una diferencia de 215.51 p.p. respecto de la evolución de la inflación, casi el doble de lo observado para los trabajadores del sector privado registrado. También se observa como se encontró muy por encima a la referida al total registrado.
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de INDEC
En el gráfico 2., la degradación es aún mucho mayor para todos los sectores, impactando principalmente también en este caso al sector privado no registrado, que alcanza una pérdida acumulada de casi 300 p.p. durante el período indicado.
En consecuencia, a partir de los gráficos expuestos se observa cómo el sector privado no registrado fue el más afectado desde 2016 en adelante. Así, desde diciembre 2016 hasta abril del corriente año, el índice de salarios de este sector perdió 215,5 p.p. respecto a la inflación general, mientras que perdió 278.71 p.p. respecto a la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Habiendo expuesto esta información, pasamos a caracterizar algunos datos sobre la composición del mercado laboral actual en la Argentina.
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de INDEC
Como se observa en los gráficos 3. 4. 5. del total de los trabajadores ocupados, casi un tercio es no asalariado, y dentro de esta categoría casi la totalidad son cuentapropistas o trabajadores familiares sin remuneración. A su vez, dentro de los asalariados más de un tercio se encuentra en situación de informalidad laboral.
Teniendo en cuenta los datos de los gráficos y que según los ùltimos datos del INDEC (2022) sólo el 7% de la población se encuentra desocupada, se puede observar cómo, a diferencia del 2002, el problema no es la falta del trabajo sino más bien las condiciones de trabajo y de ingreso. Es en ese marco en donde la propuesta del Salario (Ingreso) Básico Universal emerge como la posibilidad de una nueva política social de ingresos con el objetivo de garantizar un piso de derechos imprescindible a un sujeto social que hoy no lo tiene asegurado.
Como se dijo anteriormente, en el marco de un proceso de desindustrialización anterior, el kirchnerismo implementó un proyecto político, económico y social que abonó a detener el deterioro y a mejorar condiciones sociales, salariales, y de trabajo, garantizando ciertos pisos básicos de derechos. La estatización de la AFJP y las moratorias en inclusión previsional permitieron proteger a los adultos mayores, y la AUH permitió proteger a los niños de trabajadores en situación de informalidad laboral, garantizando el derecho a la asignación familiar y reconociendo esta situación laboral. Sin embargo, no se terminó de consolidar cierto estándar básico de manera universal. Con la imposición del paradigma neoliberal en 2016 el poder adquisitivo comenzó a degradarse con más velocidad. Luego del 2019, cuando se reconfigura el rol del Estado en la Argentina, se desencadena en el mundo, por un lado, la pandemia COVID-19 en 2020, y por el otro, una guerra internacional en 2021/2022 que trajo
fuertes impactos en los precios de los alimentos a escala global y particularmente en el país, debido a la alta inflación que viene sosteniendo en el tiempo.
Dicho esto y en relación al desarrollo del artículo, ponemos el foco en la demanda del Salario Básico (Ingreso) Universal que emergió en el escenario público y parlamentario en tiempos recientes y es impulsada por movimientos sociales y referentes de la Economía Popular. 8 Esta propuesta aparece como una herramienta que aporta a la consolidación del sistema de protección social vigente, promoviendo una mayor inclusión social y que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria a los trabajadores en situación de informalidad laboral o bajos ingresos.
En primer lugar, el Salario Básico Universal (SBU) es una prestación monetaria mensual individual con tope de transferencia por familia no contributiva destinada a adultos de entre 18 y 64 años asalariados no registrados, cuentapropistas y personas por fuera del mercado laboral con bajos ingresos. A partir de la misma se pretende fortalecer el sistema de protección social de la Argentina, ampliando la cobertura los ciudadanos actualmente desprotegidos, garantizando y equiparando un piso de ingresos y de derechos para toda la población.
En segundo lugar, el monto del salario o ingreso básico se ata al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto equivalente, asegurando que todos los ciudadanos sean provistos de los ingresos necesarios para acceder a una canasta mínima de alimentos, erradicando la indigencia.
En suma, para concluir con lo planteado, se destaca que existe en Argentina un importante esquema de protección social que urge ser ampliado para alcanzar la cobertura de millones de personas que se encuentran desprotegidas y expuestas a la inseguridad social de no poder acceder a necesidades básicas como la alimentación. Así, el Salario (Ingreso) Básico Universal emerge como una posible herramienta que abonaría en ese camino, a un proceso de redistribución del ingreso. Esto también podría implicar potenciar el rol del Estado como un actor central que intervenga directamente en la economía, impulsando su crecimiento junto con la ampliación de derechos y la inclusión social.
Esperamos que este artículo aporte a repensar y planificar nuevas políticas sociales que se propongan promover la inclusión social y un estándar de ingresos básicos y universales en la Argentina. En definitiva, a desarrollar nuevas herramientas que aporten a evitar que las desigualdades sociales sigan creciendo.
1Cuadro N°1. Población activa según categoría ocupacional en algunos países hacia 1960. (%). Fuente: Censos Nacionales de Población. (Villarreal, J. 1985: 273)
Cuadro N°4. Población activa según categoría ocupacional en las áreas urbanas de la Argentina. (%). Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, Octubre. (Villarreal, J. 1985: 277)
2Cuadro N°1. Indicadores económicos y del mercado de trabajo. Fuente: Ministerio de Economía, INDEC y estimaciones realizadas sobre la base de datos de la EPH del INDEC. (Beccaria, 2003: 85)
3INDEC, 2002.
4INDEC, 2002.
5 En el año 2020 se unificaron los programas “Hacemos Futuro” y “Salario Social Complementario” en el actualmente denominado “Potenciar Trabajo”.
6EMAE, INDEC, 2020.
7 Informe Nº1. Alcance de la Seguridad Social Personas aportantes y beneficiarias. ANSES. Marzo 2021
8 Se toma como referencia al proyecto de Ley “Ampliación del Sistema de Seguridad Social mediante el Salario Básico Universal (SBU)” presentado en el Congreso Nacional de la Argantina el 10 de mayo del año 2022: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2022/PDF2022/TP2022/2083-D-2022.pdf
AUTORA: Pilar Martínez. Socióloga (UBA). Becaria del Instituto de Investigaciones del Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales.
Referencias bibliográficas
BECCARIA, L. (2003). “Las vicisitudes del mercado laboral argentino luego de las reformas”, en Boletín Informativo Techint, nro. 312, mayo-agosto.
CASTEL, Robert (1997) La metamorfosis de la cuestión social. Crónica del salariado, Buenos Aires: Paidós (capítulo 8).
KULFAS, M. (2016). Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina, 2003-2015. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, Capítulo 1.
TRUJILLO LUCÍA y RETAMOZO MARTÍN . (2017): “Economía política de la desigualdad en Argentina (2003-2015). Instituciones laborales y protección social. Temas debates (En línea) nro.33 Rosario.
VILLARREAL, J. (1985): “Los hilos sociales del poder”, en JOZAMI, E., P. PAZ Y J. VILLARREAL.: Crisis de la dictadura argentina, Buenos Aires: Siglo XXI.