Empleo, salario e ingresos: una coyuntura compleja y un desafío urgente

En la Argentina, el debate en torno al empleo está desde hace casi un siglo directamente vinculado a la cuestión de la industria, que a su vez no puede desligarse del nivel salarial. Si hacemos un breve repaso, observamos que, durante la década de 1930, en función del impacto que la crisis económica y financiera mundial tuvo sobre nuestro país, un sector de la oligarquía terrateniente –específicamente la parte ganadera ligada a los frigoríficos exportadores, comúnmente conocida como los “invernadores”- entendió que era necesario desarrollar algún tipo de plataforma industrial mínima para sustituir las importaciones que nuestro país se veía impedido de afrontar. Esto último tenía su origen en la caída del nivel de divisas, generada por el resentimiento de las exportaciones en un mundo que, como respuesta a la crisis, se había tornado proteccionista, cuestión que se vio doblemente agravada a partir del inicio de la Segunda Guerra y la consecuente merma en el comercio internacional. De este modo, ante la menor disponibilidad de fondos obtenidos por las ventas al exterior, se decidió fabricar –circunstancialmente- en el país parte de aquellas manufacturas que, por imperio de la división internacional del trabajo, adquiríamos en otras geografías.

Ahora bien, esta protoindustrialización sustitutiva tenía límites bien claros. En primer lugar, fue pensada como una cuestión pasajera, hasta que el comercio internacional retomara su ritmo previo a la crisis y la Argentina volviera a disponer de los saldos exportables suficientes para hacer frente a las importaciones necesarias. En segundo término, era sectorialmente acotada, ya que se enfocaba en aquellas ramas –ligadas a la industria liviana- en las que la importación se había visto forzosamente interrumpida, continuando en cambio importando todo lo que fuera posible en aquellos ítems que lo permitieran.

Federico Pinedo, uno de los representantes de esta tendencia en el seno de la oligarquía y autor –como Ministro de Hacienda de la Nación- de los dos planes que sistematizaron dicha propuesta en textos legislativos, lo expresó cabalmente en los fundamentos del proyecto de ley enviado al Congreso en 1940, con el propósito de sentar institucionalmente las bases de la industrialización sustitutiva (y que finalmente no fue aprobado): “El país necesita recurrir decididamente a su industria para suplir en lo que sea posible lo que no puede importar o pagar y evitar el grave mal de la desocupación”. Vale decir, aún para los administradores de la Década Infame, la industria era una respuesta al problema de la desocupación.

Pocos años más tarde, el sector más lúcido de las Fuerzas Armadas, representado en la figura de Juan Domingo Perón, en alianza con el movimiento obrero organizado y sectores del empresariado nacional, dieron a esta orientación industrial un rumbo mucho más profundo y audaz, ya no pensado como mero “parche” en el marco del modelo agroexportador oligárquico, sino como uno de los pilares de un proyecto de liberación nacional, que trascendía los límites de la industria liviana y estaba indisolublemente ligado a la justicia social y la soberanía política.

En efecto, el peronismo amalgamó la industria argentina con los altos salarios, obturando así otro tipo de desarrollo, que tuvo lugar en numerosos países periféricos, en donde la industrialización se dio de la mano con los bajos ingresos, lo que la hizo aceptable para amplios sectores de las clases dominantes. En nuestro caso, por el contrario, la industrialización fue siempre combatida por el bloque agrario-financiero, no solo porque, en el contexto de la Comunidad Organizada, era parte fundante del pacto sellado con las y los trabajadores, sino también porque la misma se financió a partir de la apropiación por parte del Estado de una fracción de la renta generada por las exportaciones del sector primario (IAPI, retenciones y otros instrumentos similares de por medio).

En base a lo anterior es que debe entenderse también la virulencia que tuvieron las reacciones conservadoras y neoliberales contra la Argentina industrial. El sólido y combativo movimiento obrero consolidado al calor de la experiencia peronista, que fue a su vez la columna vertebral de un espacio popular mucho más amplio, casi sin parangón en el mundo –y que escribió durante los 18 años de proscripción del peronismo una página particularmente heroica- representó siempre un obstáculo y un problema para cualquier tipo de proyecto basado en una escala salarial baja. De esta manera, los tres grandes ciclos neoliberales del último medio siglo (la dictadura cívico-militar, el menemismo y el macrismo)¹, cada uno de diverso modo, apuntaron a desmontar de cuajo los cimientos de la Argentina productiva y sus características de pleno empleo con altos ingresos, teniendo en el endeudamiento del Estado un hilo conductor.

Esto último no es un dato menor. A través del ciclo de deuda y fuga típico de los gobiernos neoliberales, invariablemente, los dólares que garantiza el endeudamiento son apropiados por los grupos económicos más poderosos que operan en el país y luego retirados del circuito oficial, pero el lastre de la deuda nos queda a todas las y todos los argentinos. Endeudado a niveles insostenibles, el Estado deja de ser una herramienta capaz de viabilizar proyectos nacionales-populares, ya que los porcentajes de recaudación destinado a cubrir los compromisos financieros adquiridos impiden o dificultan el desenvolvimiento de políticas públicas progresivas. Esto es doblemente gravoso cuando, además, se contrae un préstamo descomunal con el Fondo Monetario Internacional, ya que a los condicionantes económicos se suman otros de tipo político.

En esa situación fue que asumió el Gobierno del Frente de Todos el 10 de diciembre de 2019. Pero eso no agota el panorama. Al hecho de haber encontrado un Estado maniatado por el peso de la deuda -sin recursos para afrontarla-² y desarmado durante los cuatro años de neoliberalismo macrista, se sumaron, primero, la pandemia de COVID-19 y, luego, la guerra entre Rusia y Ucrania, dos hechos que impactaron directamente sobre nuestra economía de manera negativa.

Y así llegamos al escenario actual, definido por algunas cuestiones a tener en cuenta:

• La Argentina pasó de ostentar el salario en dólares más alto de la región en 2015³a tener el más bajo 7 años después⁴.

• Si analizamos la participación de los trabajadores en el ingreso del país durante el primer trimestre de 2022, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) equivale a $23.628; el del estrato medio (deciles 5 a 8), a $60.689; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $155.153, siendo el ingreso promedio para las mujeres de $ 54.205 y de los hombres $ 75.525⁵.

• La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), realizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señala para el mes de julio de 2022 que el nivel de empleo privado registrado tuvo un incremento de 0,1% en relación con el mes anterior. En términos interanuales, se observa un aumento del empleo de 2,6%, y en relación con febrero de 2020 –previo a la pandemia– se ubica casi un punto porcentual por encima.

• En lo atinente a la Tasa de Desempleo, en el primer trimestre de 2022 fue de 7,0% (0,9 millones de personas) presentó una marcada disminución de 3,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer trimestre de 2021 y de 4 p.p. respecto al cuarto trimestre de 2020. Esta tasa mantuvo una caída constante durante cinco trimestres.

En síntesis, asistimos a una coyuntura signada por bajos niveles de desempleo, pero también por bajos salarios, situación en la que el empresariado que opera en la Argentina se siente más que cómodo. Nuestro desafío como país –y particularmente el del Gobierno del Frente de Todos en tanto que coalición de raigambre nacional/popular- es revertir este escenario, consolidando una mayor formalización de la estructura laboral y una mejor distribución del ingreso.

Par eso hay dos cuestiones que deben tenerse en cuenta:

1. La industria argentina no puede pensarse solo en términos de “competitividad” mundial, sino que además hay que ponderar factores atinentes a la integración social y la sustentabilidad del país como tal. Por un lado, la estructura agraria y financiera, más el sector de los servicios, son incapaces de absorber toda la mano de obra disponible; y, por el otro, obtener competitividad en base a los salarios no representaría ninguna solución al problema descripto.

2. Es imperioso generar algún tipo de ingreso ciudadano universal por fuera del salario “formal” en relación de dependencia y, además, llevar adelante las políticas públicas necesarias para viabilizar las actividades enmarcadas en la economía social, de modo tal que las mismas puedan desarrollar todo su potencial en tanto que paradigma alternativo al -y complementario con- el vigente. Pero economía social no puede ser sinónimo de pobreza, sino que debe serlo de esfuerzo, solidaridad y dignidad.

En síntesis, no podemos tolerar que haya un solo argentino o argentina imposibilitado de cubrir no ya sus necesidades básicas, sino el piso material elemental para tener una vida disfrutable. Está claro que ni el país ni el mundo son los de 1945. Y que la alianza que dio origen a “los años más felices” hoy es imposible de reproducir. Pero ese diagnóstico no debe funcionar como la explicación de la derrota y la resignación, sino que debe ser el punto de partida para construir un modelo económico, productivo, social, político y cultural definitivamente para todas, todos y todes.

1 Nos referimos solamente al programa económico llevado adelante por estos tres ciclos de gobierno. Es evidente que, en el terreno político, son incomparables dos gestiones que fueron elegidas por el pueblo argentino en elecciones libres con otra que llegó al Estado violentando la Constitución Nacional y perpetró un genocidio sin precedentes, en lo que significó la etapa más terrible de la historia nacional.

 

AUTOR: Tomás A. Crespo