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Estudiar la policía y la violencia desde las ciencias sociales
En los últimos años se ha desarrollado en nuestro país un prolífico campo de investigaciones sociales sobre la policía. En este marco, algunos autores han puesto énfasis en la violencia como componente de la actividad policial, y sobre sus múltiples significados. Los trabajos de Esteban Rodríguez Alzueta, y en particular su libro sobre el “verdugueo policial” desde la perspectiva juvenil (Rodríguez Alzueta, 2020), muestran que las violencias policiales son parte de un medio social hostil, en el que las violencias circulan de manera generalizada. Según José Garriga Zucal (2016), el uso policial de la violencia sirve para “corregir” a quienes no muestran respeto en el trato con la autoridad. Ejercida de cierta manera y sobre determinados objetivos, también sirve para obtener el reconocimiento de los pares y acumular prestigio. Por otro lado, la violencia sirve para gobernar el territorio, ordenando el conflicto y regulando los delitos. Para ello, los policías recurren a formas no letales de violencia que incluyen amenazas, maltratos, golpes, demoras y detenciones que tienen por destinatarios sobre todo a los jóvenes varones de sectores populares (Garriga Zucal, 2020a). Ambos aspectos, las dinámicas plurales de la violencia y el sentido moral e instrumental de la violencia policial aportan a la comprensión de los hechos observados en nuestro trabajo.
En un análisis sobre el policiamiento durante la pandemia, José Garriga Zucal observa continuidades en las prácticas violentas de baja intensidad, invisibles pero recurrentes, a través de las cuales la policía castiga a quienes transgreden las normas, al tiempo que los educa en el acatamiento del orden social y moral. Bajo estas modalidades, la violencia policial es un recurso para lograr ciertos fines, y para ordenar las relaciones sociales en un espacio determinado (Garriga Zucal, 2020b). Trabajando sobre el mismo período, Mariana Sirimarco recupera las tensiones planteadas durante la pandemia entre quienes subrayaban las tareas de cuidado realizadas por los policías, y quienes señalaban la continuidad de las prácticas represivas. Ambas miradas se apoyaban en hechos concretos, y en imágenes difundidas en los medios de comunicación y las redes sociales. La policía te cuida del delito, pero ahora también te cuida del virus. Pero la policía también te mata, o al menos te hace bailar. Las prácticas de vigilancia y control recurren sistemáticamente a la violencia, sobre todo hacia los jóvenes y otras poblaciones vulnerables. Y, en este punto, la pandemia supuso una continuidad respecto del pasado reciente. La novedad pasa por la ampliación temporaria de las posibilidades de intervención policial (Sirimarco, 2021).
En el presente artículo, abordamos las distintas formas de la violencia tal como son experimentadas en las interacciones locales entre la policía y la población, y narradas por unos y otros en el contexto de nuestro trabajo de campo. Se trata de violencias multifacéticas, provistas de sentidos discrepantes y ejercidas en contextos determinados. A su vez, estas violencias están sujetas a interpretaciones y evaluaciones que varían según quien las narre. Las ciudades contemporáneas, y en particular los barrios populares y los espacios públicos en los que se entrecruzan poblaciones socialmente heterogéneas, son ámbitos privilegiados de interacciones mediadas por la violencia. Una violencia que recurre a medios diversos para ser ejercida, y también para ser padecida, y que solo puede ser comprendida si entendemos que no tiene un carácter unidireccional, ni mucho menos un sentido unívoco. Las violencias son múltiples, y circulan de diversos modos en las interacciones sociales.
En primer lugar, abordamos la manera en que la violencia es vivida e interpretada desde la perspectiva de los funcionarios policiales que trabajan en comisarías. En segundo lugar, consideramos la manera en que pobladores de barrios periféricos perciben y evalúan el trabajo policial, y el lugar que las distintas formas de violencia policial ocupa en las narrativas ciudadanas. Nuestro análisis se apoya en una veintena de entrevistas con personal policial de distinta jerarquía en diversas dependencias de la ciudad de Mar del Plata, y también en entrevistas con informantes clave, en particular, media docena de participantes en los foros de seguridad, militantes sociales y dirigentes políticos locales. Por otro lado, recuperamos la voz medio centenar de pobladores de distintos barrios de la ciudad . Todo este trabajo de campo se realizó desde mediados de 2020 hasta finales de 2021, en el contexto de la pandemia de COVID 19, en el momento inmediatamente posterior a la aplicación de las medidas más drásticas de aislamiento social obligatorio1.
El control policial del territorio
El trabajo policial, y en particular las tareas orientadas a la producción de seguridad y el control del delito, se realiza en el territorio a través de las comisarías. Las comisarías son dependencias policiales que operan en una determinada jurisdicción. Desde el punto de vista de la autoridad policial, la jurisdicción aparece como campo de acción que debe ser dominado, como espacio que debe ser controlado, como población que debe ser disciplinada, como conjunto de problemas que deben ser resueltos o minimizados.
En sintonía con lo observado en otras ciudades, los policías afirman que la mayor parte de los hechos de los que deben ocuparse son situaciones de violencia interpersonal. Según la narrativa policial, las condiciones de existencia en barrios populares van asociadas con la violencia: la violencia de género e intrafamiliar (“todo el tiempo, desde que son novios, la violencia de género es parte de su cultura”), la violencia entre vecinos (“casi todos son cuchilleros, armas tumberas”), y también los robos (“antes había más códigos, en el barrio no se robaba”).
En sus relatos, los policías establecen una neta diferenciación entre el “centro” y la “periferia” de la ciudad, que es también un modo de nombrar las condiciones de vida, la clase social, el modo de vinculación con el trabajo, la organización familiar, las relaciones interpersonales. En los barrios populares, los problemas se acumulan: los bajos ingresos, la precariedad laboral, la crisis de la familia, el consumo de drogas, la falta de respeto a la autoridad, la ausencia del Estado, la inmoralidad. Allí “se trabaja en otro idioma, la gente tiene otra reacción ante la policía”, en otros términos, “es más hostil”. Aunque existen delitos contra la propiedad (robos de carteras, celulares, bicicletas y motos, cables de tendido eléctrico, usurpaciones, etc.), la mayor parte de las intervenciones se dan sobre estas situaciones de conflicto interpersonal que incluyen insultos y amenazas, muchas veces también el uso de la violencia física. El territorio es caracterizado como un espacio de violencia generalizada, interpersonal y muchas veces intergrupal, que marca el tono de la propia intervención policial.
En el ejercicio de las funciones de seguridad, la preocupación inmediata de las autoridades policiales es “no perder la calle”. Como señalan otros trabajos, el desafío primario consiste en construir dominio sobre un territorio, y gobernar a una población. En este marco, aparecen no solamente las distintas prácticas que hacen al oficio policial, sino también las distintas formas de ejercicio de la violencia.
En la interacción con la población, la violencia es una posibilidad siempre presente. Cuando se trata de intervenir en conflictos entre vecinos, entre familiares o entre bandas, los policías deben ser capaces de imponerse, y poner orden. Desde el punto de vista policial, el ejercicio de la violencia física no es una acción unilateral, sino que se inscribe dentro de dinámicas de interacción en las que la violencia aflora en distintas direcciones y con diversos sentidos.
Desde marzo de 2020, las fuerzas policiales fueron encargadas de aplicar las directivas emanadas del poder ejecutivo nacional como respuesta a la pandemia de COVID 19. A las tareas habituales de regulación y control de la población y las actividades delictivas, se sumaron operaciones en las que el personal policial debía intervenir frente a trasgresiones de las regulaciones establecidas por el Estado nacional. Pero no lo hizo de manera mecánica, sino decidiendo en cada caso según criterios profesionales y sociales que la policía maneja y aplica. No se detiene a cualquiera, no se le habla del mismo modo a una persona que a otra, no se ejerce violencia física o simbólica de manera homogénea. En primer término, las transgresiones de las restricciones a la circulación generaron apercibimientos, actas e incluso detenciones. En segundo término, las fiestas clandestinas o reuniones sociales en las que se aglomeran más del número permitido de personas. Estos hechos suponen una interacción directa con los trasgresores: en la mayoría de los casos, las personas reconocen su falta, o bien afirman ignorar el alcance de las restricciones, pero acatan la intervención policial; en otras ocasiones, la situación deriva en insultos, forcejeos, y golpes.
La actuación policial desde la perspectiva de los pobladores
Varias investigaciones han mostrado la existencia de una multiplicidad de violencias sociales, reconstruyendo las cadenas de violencia que atraviesan la sociedad y el papel que allí juega la policía (Auyero y Berti, 2013; Auyero y Sobering, 2021; Rodríguez Alzueta, 2016 y 2020). Los testimonios que nos brindan los policías permiten visibilizar algunos aspectos de la violencia delictiva e interpersonal que atraviesa la vida cotidiana en la ciudad, y también el modo en que conciben y racionalizan el uso de la violencia en la propia actividad policial. No obstante, este punto de vista no puede ser generalizado: corresponde no solamente a una posición social determinada, y a una cierta perspectiva sobre la interacción, sino también a un interés particular. Por lo tanto, podemos también recuperar la mirada de otros actores que, desde la sociedad y las instituciones, aportan otra visión sobre la actividad policial, y el recurso a la violencia, en el contexto de la pandemia.
En su actividad cotidiana, la policía ejerce un control sobre el territorio a través de patrullajes, rondas y el despliegue del servicio de calle. Este comportamiento proactivo pone a la institución en relación directa y permanente con una población que no requiere sus servicios y que es objeto permanente e involuntario de su intervención. En estos casos, la violencia aflora como un modo de hacer recurrente de los agentes policiales.
En la justificación de la violencia, tanto los policías como los segmentos de la población que los apoyan despliegan dos razonamientos complementarios que dan sentido a las prácticas, al tiempo que las hacen aceptables: por un lado, que no todos los policías son “malos”, categoría que incluiría a quienes ejercen la violencia por placer, resentimiento o sadismo; por otro lado, que las situaciones hacen inevitable, en ciertos casos, que los policías apliquen violencia sobre otros partícipes en la interacción, para reducirlos o para lograr que cesen sus comportamientos agresivos.
En el polo opuesto, la impugnación de la violencia policial va de la mano con otro tipo de descripciones y explicaciones de lo que acontece cuando una interacción entre policías y ciudadanos recurre a amenazas, insultos, golpes o armas. A la hora de explicar por qué los agentes humillan a los jóvenes de los barrios, una entrevistada con familiares policías afirmaba que “el policía nace con el alma ortiva posta […] ya nace con una personalidad bastante no empática, y después la formación y la institución los afecta mucho más” (Gabriela). Disposiciones psicológicas y formación policial son las razones de un comportamiento impugnado como inmoral, injusto o simplemente desagradable.
Estos comportamientos violentos, o de puesta en escena de la amenaza del uso de la violencia, no se despliegan homogéneamente en el territorio, y no tienen por objeto a la población en general. La policía aplica distintos métodos según la situación, y según el interlocutor. Durante la pandemia, y según un patrón que la antecede, los controles policiales se hacían de manera selectiva. No solamente la violencia física por parte de la policía, sino también la focalización del control policial sobre ciertos grupos, aparecen como arbitrarias, pero también como injustas: “por portar cara te paran”, “te patotean por cara”. Y durante la pandemia estas prácticas se multiplicaron.
Lo más común, en la pandemia, antes y después, es que la interacción se inicie con la verificación de identidad, primer paso para una indagación sobre las personas y las actividades en curso. Personas a pie, en bicicleta, en moto, en colectivo o en automóviles relatan como algo natural que la policía los detenga y les pida documentos. Solo en algunos casos, en particular en el caso de los varones jóvenes, se recurre a algún tipo de hostigamiento. Desde el punto de vista de estos jóvenes, la docilidad –que se corresponde con la expectativa policial de respeto– es la principal garantía de que no haya una escalada de violencia.
La repetición de estas formas moderadas, pero selectivas, de violencia policial son moneda corriente para los jóvenes de sectores populares (Pita, 2019). Hay indicios de que el campo de intervención policial se amplió ligeramente durante la etapa excepcional que se abrió con el inicio de la pandemia. Sin embargo, luego de unos meses, las interacciones entre policía y población volvieron a sus patrones anteriores.
Conclusiones
En este trabajo hemos presentado los resultados de una investigación sobre el policiamiento de la pandemia en la ciudad de Mar del Plata. Observamos que la violencia policial no es un hecho aislado y ocasional, sino un recurso ordinario entre otros. Un recurso que debe ser evaluado a la luz de la situación, y considerando tanto las alternativas como las consecuencias de su ejercicio. A su vez, el uso de la violencia no es justificado en nombre de la autoridad estatal y el resguardo de la ley, sino más bien como una herramienta que permite manejar situaciones, y controlar las interacciones en las que emerge y se intensifica el conflicto. Los policías explican la conveniencia de utilizar o no la violencia, no tanto en términos de legalidad y moralidad, más bien aplican criterios selectivos y de oportunidad. Por ello, el recurso a la violencia es antes que nada pragmático, aunque tenga también un componente moral y expresivo.
Según los testimonios policiales y societales, durante los primeros tres meses de la pandemia, con la circulación fuertemente restringida, bajaron los delitos de todo tipo en el conjunto urbano. En particular, los robos, pero también las lesiones y amenazas. A partir del mes de julio, la actividad social fue recobrando su normalidad, y los patrones de delitos y violencias se fueron ajustando a los niveles y modalidades preexistentes. En los barrios populares, los cambios fueron más matizados, con una relativa continuidad de las dinámicas de violencia interpersonal, un ligero aumento de la violencia de género y un fuerte aumento de los robos y hurtos.
En cuanto a la violencia policial, tanto referentes sociales como funcionarios municipales señalan que no hubo un incremento durante la pandemia. Tampoco se observa en los medios de comunicación una recurrencia en este tipo de eventos, salvo el caso excepcional del asesinato de Brandon Romero. Los efectivos policiales entienden que estas interacciones mediadas por la violencia son normales en los barrios populares y que no hubo cambios significativos asociados a la pandemia y el aislamiento social. Esto coincide globalmente con la mirada de los dirigentes políticos y los referentes territoriales entrevistados, aunque en la población hay sectores que sostienen que la violencia sistemática y cotidiana ejercida por la policía aumentó significativamente, y también que ciertas formas específicas de violencia y delito asociadas a la presencia permanente de ciertos segmentos de la población en el barrio y en el hogar –a modo de ejemplo, la violencia de género– tuvo la misma dinámica.
1Este artículo es resultado de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto PISAC-COVID-19-00026: “Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias. Un estudio interdisciplinario, multidimensional y comparativo de las formas de intervención de la fuerzas de seguridad y policías en contextos de vulnerabilidad en la Argentina postpandemia”, dirigido por José Garriga Zucal y financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).
Autores:
Gonzalo Jesús Lohiol- Licenciado en Sociología (Universidad Nacional de Mar del Plata). Becario doctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones sobre Sociedades, Territorios y Culturas (ISTeC) y Ayudante graduado de los Departamentos de Sociología y Ciencia Política, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Federico Lorenc Valcarce – Licenciado en Sociología (Universidad de Buenos Aires) y Doctor en Ciencia Política (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). Investigador Independiente del CONICET en el Instituto de Investigaciones sobre Sociedades, Territorios y Culturas (ISTeC) y Profesor titular del Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Fotografía: GERMAN ROMEO PENA “Estado presente”
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