Si sufrís violencia de género llamá al 144.
Este trabajo reflexiona sobre las relaciones entre pobladores de barrios populares y fuerzas de seguridad en la post pandemia, a partir de los resultados del proyecto de investigación PISAC “Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias”1. Nos enfocamos en las percepciones sobre el accionar policial de pobladores de Córdoba de la zona noroeste y norestes de la ciudad2. Buscamos establecer si el incremento de protestas por demandas de servicios de seguridad, observados durante la postpandemia (Ver: Hathazy y Meritano, 2023), puede relacionarse con: las percepciones generales sobre las medidas implementadas y sus consecuencias; la opinión sobre el trabajo policial; los problemas percibidos y demandas formuladas y el incremento del delito.
Para este análisis nos valemos de datos de entrevistas y secundarios sobre la actividad policial, y un relevamiento de protestas ocurridos en la ciudad de Córdoba entre 2020-20233. Dividimos el análisis en tres secciones. En la primera describimos percepciones sobre las medidas implementadas durante la pandemia y destacamos el fortalecimiento de los lazos entre pobladores y con referentes políticos locales. En la segunda abordamos las percepciones sobre el trabajo policial, las interrupciones, continuidades e innovaciones en sus intervenciones y el incremento de las conflictividades y el delito, por último, caracterizamos las protestas por demandas de servicios de protección policial y proponemos algunas líneas explicativas sobre la proliferación de esta forma de demanda durante la postpandemia. Concluimos reflexionando sobre la centralidad de referentes políticos locales en la organización y difusión de protestas por seguridad.
I. “¿Ambulancia acá…? Acá no hay nada, ni comida, ni medicamentos, nada” (COR/AR 11)
La pandemia de COVID-19, volvió necesaria la implementación de medidas de aislamiento y restricción de la circulación para prevenir la expansión del virus. El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 implicó la restricción de la circulación (excepto para trabajadores esenciales) e impactó diferencialmente en personas en situación de pobreza dependientes de trabajos informales diarios (jardinería, albañilería, cartoneo, venta de pan, etc.) y de organizaciones de asistencia, ubicadas no necesariamente en el entorno barrial, para satisfacer sus necesidades básicas.
Para el caso de Córdoba, los datos de pobreza e indigencia muestran para el 1er. semestre de 2020 un incremento de la pobreza del 40,7% (673.780 personas) e indigencia del 5,7% (90.000 personas); en el 2do. semestre asciende levemente a 40,8% (675.436 personas) y 7% (109.998 personas). Pero en 2021 alcanza al 46,6% de la población y la indigencia un 10,8%, manteniéndose en meses posteriores en torno al 40%. El empobrecimiento fue tematizado por nuestros entrevistados en asociación con el aumento del desempleo y de los ingresos, la consecuente dificultad para satisfacer las necesidades básicas y la “ausencia estatal”. Si bien varios entrevistados percibieron programas nacionales —como la Asignación Universal por Hijo, pensiones o jubilaciones estatales, Tarjeta Alimentar— o provinciales —como el PAICOR— e incluso algunos cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el 40% de las personas consideró que la asistencia estatal fue insuficiente, deficiente o ausente. Destacaron, sin embargo, el trabajo de organizaciones locales (iglesias, vecinales, ONGs y movimientos políticos) que gestionaron recursos para instalar improvisados merenderos y comedores, repartieron bolsones de ropa y comida y administraron ollas populares. Los entrevistados valoran positivamente la ayuda de estos referentes, asociada a valores morales (como el desinterés) y a la capacidad personal de obtener recursos (por contactos), fortaleciendo así, la pandemia, los lazos entre pobladores y referentes políticos locales, en un contexto de descrédito en la política profesional.
Esta “ausencia estatal” aparece vinculada al desconocimiento de los circuitos de asistencia. Así una profesional de un centro municipal distinguía entre personas en situación de pobreza estructural de aquellos que por primera vez se veían en la necesidad de asistencia: “el pobre estructural sabe manejarse con los recursos, […] que no lo sabe el que […]el que de golpe perdió el trabajo”. La dificultad para tramitar los beneficios sociales a través de aplicaciones o páginas web, referida por los entrevistados aparece ligado a la ausencia de credenciales (como el CIDI o Ciudadano Digital- Prov. Córdoba, claves de acceso en ANSES), al desconocimiento de entornos virtuales o a la conexión a internet deficiente. Sumado a la expectativa de un incremento en la asistencia estatal, que no se cumplió, particularmente en los sectores más empobrecidos, quiénes aunque recibieron un incremento en los montos de beneficios que ya percibían, estos se diluyeron en un contexto inflacionario.
Otro aspecto asociado a la ausencia estatal fue la falta de atención en los centros de salud barriales, un tercio de las personas entrevistadas criticaron el trabajo de los centros de salud, la falta de turnos, de atención ante situaciones graves, la poca presencia territorial y malos tratos en las respuestas. Esta crítica también se asocia a la falta de coordinación entre el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y los dispensarios (territoriales), se mencionan contradicciones entre ellos, que derivaron en una opinión negativa sobre los profesionales locales: “esto te llevó a conocerles la verdadera cara” (COR/AR14). Críticas anudadas con referencias a personas que murieron en sus domicilios sin recibir atención médica (COR/AR14 y COR/AR11). Entre los servicios más reclamados encontramos los vinculados a salud mental ante suicidios, intentos de suicidio, padecimientos subjetivos y consumos de sustancias, problemáticas que se incrementaron durante la fase aislamiento.
Las opiniones de pobladores sobre las medidas implementadas coinciden en destacar el malestar y enojo, atribuido a que las medidas no lograron cumplir con lo que prometían (evitar la propagación del virus) y su prolongada duración por sus consecuencias (distanciamiento familiar, empobrecimiento, pérdida del empleo, incremento del delito). Esto repercutió negativamente en las opiniones de nuestros entrevistados respecto de políticos profesionales del ámbito municipal, provincial y nacional, las agencias del Estado y sus burocracias, especialmente policiales. De modo paralelo legitimó las figuras de referentes políticos locales, que luego serán algunos de los actores que habrán de convocar y capitalizar las protestas por seguridad.
II.“La policía no se la ve, sigue todo igual. o sea, no, no, cuando la necesitas no está” (COR/YA2)
La primera fase del ASPO implicó un cambio en el trabajo cotidiano de las fuerzas policiales, que pasó de orientarse de la “prevención y persecución del delito” (EvP11) al control del cumplimiento de medidas de aislamiento. La pandemia trajo interrupciones, continuidades e innovaciones en el trabajo policial. La interrupción consistió en parte en la reorganización del personal, la refuncionalización de la policía barrial (reasignada a tareas de prevención) y la disolución de los Consejos Barriales, que en la práctica funcionaban como nexo entre referentes barriales y actores policiales, lo que ocasionó, as su vez, descontento entre los referentes locales.
La continuidad la encontramos en los controles vehiculares fijos y móviles implementados en lugares estratégicos (como avenidas, puentes sobre el Río Suquía o “zonas críticas”), —regulados por Protocolo de control vehicular (2017)4— pero “adaptados” al control sanitario, es decir a controlar la validez de permisos de circulación5. Estos implicaron una extensión del control sobre la población (de taxis y motos antes a toda la población durante la pandemia) y fueron valorados positivamente por los entrevistados. Sin embargo el 44% los consideró insuficientes y manifestó como necesaria la implementación de más puestos de control para “prevención de contagios y del delito”.
Una innovación fueron los cordones sanitarios que se aplicaron en las zonas estudiadas entre los meses de mayo y agosto. En ellos el trabajo policial implicaba “cerrar un barrio” (EvP11), estrategia que requería un gran número de recursos para el control las 24 horas. Los cordones sanitarios presentaron un pico del mes de Agosto, pasando de 5 en mayo, a 5 en julio, a 14 en agosto y bajando a 3 en septiembre. A partir de este mes, no volvieron a implementarse aún cuando los casos continuaron incrementándose6. En la zona noroeste y noreste se implementaron cuatro cordones sanitarios, un 40% de los entrevistados refirieron que hubiesen sido necesarios más cordones antes las repetidas violaciones de los protocolos y medidas de aislamiento. Detrás de este reclamo, se encuentran referencias a la necesidad de mayor presencia policial para efectivizar el cumplimiento de las medidas.
La segunda fase de DISPO (decretada el 01/07/2020) implicó una flexibilización del aislamiento, permitiendo algunas actividades recreativas y apertura de diferentes rubros de la actividad económica. Este período es caracterizado como de “incertidumbre” (EP3) por los constantes cambios de fase y la contradictoria información que se brindaba a la población, provocando dificultades para el acatamiento de las medidas por “cansancio” (EvP8). El incremento en la circulación implicó cambios en el trabajo policial que pasó a combinar controles específicos vinculados a la pandemia con el regreso a las actividades habituales de “prevención del delito” (EvP9) en un contexto de incremento del delito.
Los entrevistados policiales distinguen entre la primera fase de aislamiento de menor circulación y disminución y concentración de robos (en determinadas zonas y en la vía pública, instituciones cerradas y en domicilios particulares) y un significativo aumento durante la fase de flexibilización. Los delitos contra la propiedad son el principal problema para el 70% (19) de los entrevistados. Los señalados como responsables de estos robos (y de la proliferación de contagios) son mayormente jóvenes del sector con problemas de consumo de sustancias. El Secretario de Seguridad de Córdoba, Claudio Stampalija, sostuvo que desde 2022 “aumentó el delito” (La Voz, 20/04/2023) incrementándose un “22% respecto de 2021” (Cba24n.com.ar, 08/04/2023). El mayor número de hechos delictivos se corresponde con “arrebatos callejeros” y “robos a viviendas” y según un relevamiento realizado durante 2022 por la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad (OGEC) del Poder Judicial, “siete de cada 10 cordobeses perciben con profunda preocupación el consumo de drogas y casi la misma proporción [un 86%] le teme más a la inseguridad que a cualquier otro asunto social”.
En este contexto se produce una nueva reorganización del trabajo policial, se restablece la función de “prevención” de los controles de circulación fijos y móviles y se reorienta el trabajo al control de eventos masivos que estaban aún restringidos —fiestas clandestinas, campeonatos de fútbol amateur, carreras de motos y caballos— y la realización de operativos llamados “operativos de saturación” de tipo autónomos7. Estos operativos se desarrollaron en barrios populares de Córdoba y se caracterizaron por un gran despliegue policial de miembros de diferentes divisiones y fuerzas, para el control de la circulación en puntos estratégicos.
Las intervenciones policiales en eventos masivos generaron opiniones divididas entre los entrevistados, si bien, algunos acordaron la necesidad de desalentar este tipo de reuniones, otros criticaron por excesivos los despliegues policiales. Así una joven comerciante de zona noroestes comentaba que en ocasión de una carrera de caballos, la policía intervino dispersando a la multitud, pero persiguió por las calles del barrio a algunos participantes entre los que se intercambiaron disparos, en la zona de la plaza en la que había familias y niños jugando.
Respecto de las fiestas clandestinas, en un primer momento las intervenciones policiales buscaron impedir su realización más luego se limitaron a la implementación de multas. Estos eventos concentraron la mayor opinión negativa de los pobladores debido a la relevancia que se le dio a las fiestas, la expectativa de disolución por intervención policial y la poca respuesta operativa, lo que también contribuyó al deterioro de la valoración de las relaciones entre pobladores y fuerzas de seguridad. Especialmente en el caso de referentes políticos locales disconformes con el accionar policial, debido a que a diferencia de otras ocasiones, no asistían antes sus llamados perjudicando su propia imagen con los vecinos. Postulamos que este creciente descontento es uno de los elementos explicativos para comprender la emergencia de protestas por provisión de servicios policiales en la postpandemia.
III. Fiestas clandestinas, inacción policial y protestas por demandas de seguridad
Las protestas por seguridad tuvieron un fuerte incremento desde mediados de 2020, en un contexto de apertura de las restricciones que habían sido impuestas por la pandemia y de reorientación en la función policial que retoma más centralmente las tareas vinculadas con el delito de robos y hurtos. Estas protestas si bien habían ocurrido en años anteriores, no constituían acciones tan extendidas ni recurrentes como se observan desde mediados de 2020. En 2019 se registraron 3 protestas (1 en el área metropolitana de Córdoba), mientras que en 2020 se duplicaron a 6, en las zonas norte (3) y oeste de la ciudad (2). Ya en 2021 nuevamente se duplican llegando a 11, subiendo a 14 en 2022 y en lo que va de 2023 (mes de abril) ya se realizaron 23 protestas.
Una de las características comunes de las primeras protestas es que comienzan en barrios periféricos organizadas por vecinos ante algún hecho grave que las dispara, como un homicidio durante un robo o lesiones graves sufridas por grupos vulnerables (ancianos, adolescentes, mujeres con niños, etc). Se organizan en avenidas principales del barrio o frente a instituciones públicas (comisarías y CPC) y eran convocadas por familiares, amigos y vecinos de la víctima, la participación se limita al ámbito local y no llegan a ser masivos. En un segundo momento, sin embargo, observamos cambios en su organización, pasan a ser más convocantes e incluso masivas y a tener mayor coordinación en su desarrollo. Hacia 2022 las protestas por seguridad pasan a ser convocadas y/o difundidas por organizaciones vecinales, se observa cierta coordinación entre distintos barrios, referencias cruzadas de los protagonistas a otras protestas ocurridas o no en la misma zona para fundamentar sus demandas, mayor cobertura de los medios de comunicación y aunque continúan desarrollándose en las inmediaciones del barrio, encontramos cuatro grandes protestas que se llevaron adelante en el centro de la ciudad (ocurridas el 24/08/2022, el 07/03/2023, 27/03/2023 y el 22/04/2023) .
Un punto en común de todas las protestas son los problemas que se tematizan y las medidas que se requieren. Respecto de los principales problemas que convocan estos reclamos encontramos las “olas de robos” (50 casos), seguida por homicidios y lesiones en ocasiones de robo (14 casos), robos en instituciones educativas (6 casos), situaciones de violencia (3 casos), reclamos por narcomenudeo (3 casos), reclamos relacionados a las fuerzas de seguridad (2) uno por la ausencia de la policía barrial y otro por adicionales y finalmente un reclamo por intento de secuestro de un niño. Dentro de las principales medidas que se requieren prevalece la mayor presencia policial (54 casos), especialmente en tareas de patrullaje (9 casos), mayores controles vehiculares (9 casos), el regreso de los adicionales en instituciones públicas (5 casos), más presencia de policía barrial (2 casos) y contratación de más personal policial (2 casos). En segundo lugar se demanda mayor celeridad en el trabajo policial y en la resolución de casos en la justicia (12 casos) y finalmente, tareas de mantenimiento del espacio público vinculado principalmente a la instalación de luminarias, limpieza de baldíos, corte de pastizales y reparaciones edilicias (6 casos).
En la zona noroeste las primeras protestas ocurren en diciembre de 2020 impulsadas por vecinalistas, ex-vecinalistas y pobladores que han sufrido robos o hurtos y genera movilización policial y política en forma de reuniones y allanamientos:
Salimos a la calle porque no se podía más y no nos daban respuesta […] Me llamaban a mí por los robos y las clandestinas… yo llamaba al comisario, decían que venían que pasaban y no… me perjudican con la gente. […] porque una no da respuesta […] salimos… [y] después me llamaron del CPC para una reunión que fui con gente que estaba conmigo y ahí nos empezaron a atender. (vecinalista de zona noroeste, Cor/Ar013).
Sin embargo, los vecinalistas y referentes políticos con vínculos estrechos con el oficialismo se muestran disconformes y críticos de estas intervenciones:
Yo no estoy de acuerdo con la protesta que estaban haciendo, pidiendo más seguridad. Cuando me parece que nosotros cuando hablamos de tema de seguridad tenés dos opciones: la policía o el CPC, decir “me pasa esto, esto, esto”. […] yo no participo de las protestas, no, no, no, para mí eso es escupir para arriba… tal cual, le digo “yo no” (COR/AR03).
En este punto, es importante considerar las luchas micropolíticas que existen entre referentes por los recursos en disputa en los barrios y la necesidad de los actores políticos locales con vínculos limitados con el oficialismo de visibilizar sus reclamos y su capacidad de movilización, en un contexto de cambio de autoridades y funcionarios. En estas protestas se entremezclan demandas por delitos (robos, hurtos) con eventos ligados a las medidas de prevención de la pandemia (partidos de fútbol, no uso de barbijo, eventos masivos) y se deslizan críticas a las autoridades locales. Entre los reclamos destacan las fiestas clandestinas, las primeras críticas a la intervención (en este caso no intervención) de las fuerzas de seguridad, vinculadas a fiestas clandestinas comienzan a manifestarse en redes sociales (grupos de Whatsapp barriales y Facebook) los primeros meses de aislamiento:
“esto es para que no renieguen llamando a los grupos de seguridad o 101…que maximo pueden(con un poco de suerte)….que bajen la musica…pero no mas que eso!!! […] anoche todo arguello estaba desbocado con música por todos lados!!! convengamos aparte que estamos en zona roja, de riesgo….y eso es el signo de llamado(esas juntadas) a la venta libre de drogas!!! mi humilde opinión como un vecino más de la zona de arguello… Tiene que si la policía no puede tendría venir gendarmería y arrasar con todo” (Mensaje grupo barrial de whatsapp, abril 2020).
Este mensaje sintetiza algunos de los principales ejes que identificamos en las críticas de los vecinos al accionar policial. El 30/08/2020 en la zona noroeste, ocurre el homicidio de un joven de 22 años en una fiesta clandestina, que desencadena una protesta frente a la comisaría con la intervención de la Guardia de Infantería.
IV. Conclusión
A lo largo de este trabajo procuramos relacionar algunos cambios en los vínculos entre actores de sectores vulnerables y policías, las percepciones de vecinos y la proliferación de las protestas por seguridad en Córdoba en la postpandemia. Concluímos que no es posible la comprensión de estos eventos sin considerar: 1. las percepciones de los pobladores sobre las medidas de aislamiento y restricción de la circulación y sus consecuencias, 2. la opinión sobre políticos profesionales, el Estado, sus agencias y burocracias y 3. las experiencias de la pandemia.
En este punto observamos que el enojo y el malestar eran dos de las principales emociones asociadas al rol del Estado durante la pandemia, buena parte de nuestro entrevistados referían su malestar por la “ausencia estatal” —relacionada a la falta de asistencia en salud, alimentación y seguridad, durante el período de aislamiento— y decepción frente a las burocracias estatales territorializadas. En este punto destacamos el rol de referentes políticos locales quienes ensayaron respuestas ante la ampliación de la demanda en contextos de crecimiento de la pobreza y de restricción de la circulación, lo que operó en un incremento de la legitimidad política de estos referentes, frente a un crecimiento del descrédito de burocracias estatales y políticos profesionales.
La desarticulación de programas como Consejos Barriales, la reasignación de la división de Policía Barrial a tareas asociadas a la pandemia y el cambio de prioridades (de la prevención y persecución del delito a la prevención sanitaria) de las fuerzas de seguridad, impactó en el vínculo de colaboración e intercambio que los referentes políticos locales mantenían con las fuerzas policiales. Esto redujo el contacto entre ambos actores y disminuyó la respuesta de los actores policiales a las demandas de los referentes locales, en especial vinculadas a fiestas clandestinas, narcomenudeo y eventos masivos, situaciones de alta visibilidad local. La falta de respuesta policial a su vez, resultó en una amenaza para la legitimidad política acumulada por los referentes quiénes comenzaron a hacerse eco de las demandas y acciones de protesta de la población.
Esto se sumó a un contexto de retracción del patrullaje y de la presencia policial en los barrios por reasignación del personal policial y el incremento y concentración del delito. Las protestas por seguridad aparecen como un espacio de visibilización y de reclamo ante este descontento. Los referentes políticos locales (particularmente aquellos con menos vínculos con el oficialismo) a menudo participaron activamente, acompañaron u organizaron buena parte de estas protestas. Buscaron asociarse a las demandas de la población debido a que sus organizaciones y viviendas particulares a menudo sufrían robos o hurtos, y a la necesidad de tomar distancia de la falta de respuesta policial.
En este punto queremos destacar dos efectos que las protestas produjeron en las fuerzas policiales y que nos permiten captar su centralidad en forma de respuestas políticas y operativas. Por un lado los cambios en los responsables de las zonas de seguridad norte y sur, con el desplazamiento de los directores y asignación de nuevo personal (respuesta política) y por el otro, la proliferación de operativos masivos de “saturación” en las zonas con “mayor conflictividad” (respuesta operativa). Finalizamos este trabajo destacando la necesidad de profundizar en las relaciones entre referentes políticos locales y fuerzas policiales para comprender mejor los efectos de la post-pandemia en las protestas por seguridad como fenómenos de la política local con proyección en las decisiones de los gobiernos provinciales.
1Proyecto PISAC “Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias. Un estudio interdisciplinario, multidimensional y comparativo de las formas de intervención de la fuerzas de seguridad y policías en contextos de vulnerabilidad en la Argentina postpandemia” dirigido por el Dr. José Garriga Zucal. Integrantes del Nodo CIECS – UNC / CONICET: Dr. Paul Hathazy (director), Dra. Valeria Plaza Schaeffer, Dra. Susana Morales, Dr. Santiago Rebollo, Lic. Silvina Meritano y el estudiante Bruno Storino.
2 De la zona noroeste: Barrios: IPV Argüello, Hermana “Monja” Sierra, Argüello Lourdes, Cooperativa 3 de noviembre, 16 de noviembre, Villa Cooperativa Atalaya, Autódromo, Policial Anexo, Asentamiento Los 40 y barrio-ciudad Sol Naciente— y noreste —barrios: Pueyrredón, Yapeyú y Barranca Yaco.
3Se realizaron 27 entrevistas a pobladores de Barrios de zona noroeste y noreste y 23 entrevistas a personal policial, 18 de la policía de Córdoba y 5 de Gendarmería Nacional—Para más detalle sobre este análisis recomendamos ver: Hathazy y Meritano (2023)
5Entre Marzo y Junio un alto número de detenciones, 16.300 (estimado), fueron por violaciones a la restricción a la circulación y sólo 2.300 fueron por delito común. En Julio se introducen multas para los casos de violaciones a medidas sanitarias (Ley 10.720) ya sea por no cumplir medidas de prevención, con los testeos, con los máximos de reuniones sociales, o evitar el control.
6Cordones sanitarios implementados en Córdoba, Fuente: Reconstrucción propia a partir de datos extraídos de páginas web y redes sociales especialmente Twitter# y Facebook# del Gobierno de Córdoba y de diarios: Vía País y La Voz del Interior.
7 Los operativos masivos autónomos son aquellos que se realizan en el marco de decisiones de autoridades superiores, a veces enmarcados en estrategias de “policiamiento inteligente” sin necesidad de contar con una orden de allanamiento judicial.
Autores/as:
Silvina Meritano – Becaria doctoral CONICET – CIECS UNC. Doctoranda en Sociología (UNSAM).
Paul Hathazy – Investigador independiente CONICET – CIECS – Universidad Nacional de Córdoba.
Fotografía: SUSI MARESCA “Andalgalá: abrazar la resistencia”