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Hace un año, también para las Jornadas de Trabajo Social, hablábamos de la importancia de pensar integralmente el hábitat y la relación entre el territorio y la comunidad.
Contábamos en ese articulo dos experiencias disímiles en dos barrios distintos, Villa Brown en Florencio Varela y el 15 de diciembre de Quilmes, pero con un hilo conductor, la organización comunitaria, mediada por la intervención del Estado, en un caso de manera proactiva promoviendo un loteo social y en el otro de manera reactiva a raíz de una intervención judicial.
En ese sentido, entre la comunidad organizada de los barrios, las organizaciones sociales, el territorio y el Estado vamos a encontrar distintas lógicas de articulación en los temas referidos al hábitat, desde la comprensión de que no toda intervención estatal es deseable, ya que en determinadas circunstancias, aún con gobiernos que propugnan ampliación de derechos, esa intervención puede ser sesgada, de manera tal que termina extirpando el componente transformador de los movimientos territoriales comunitarios vía la cooptación y el clientelismo. Esta circunstancia es lo que va a terminar enfrentando al Estado con la organización comunitaria territorial y su imaginario de construcción desde abajo, con democracia interna y participación de todos en la toma de decisiones.
Hacemos hincapié en esta división porque justamente vamos a proponer, otras lógicas de articulación, no tan binarias, ya que no siempre la lógica estatal es mala ni la lógica social comunitaria es buena per se. Estas lógicas de articulación, que reconocen situaciones intermedias, nos van a permitir analizar la problemática del hábitat en el conurbano bonaerense de una manera más integral, teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones que se teje entre los distintos actores.
La primera lógica que vamos a identificar es la lógica de la toma. Esta aparece a partir de un reclamo, por ejemplo, por el derecho a la ciudad, a una vivienda, a un lote donde construirla o al mejoramiento del barrio o asentamiento donde se vive. Pero en algún momento ese reclamo deja de ser pasivo, y pasa al acto a través de la toma de tierras, planificadas o apoyadas por organizaciones sociales y políticas.
Esta metodología de la toma de tierras con su lógica particular aparece a partir de la década del ’80, con la imposición del modelo neoliberal en la Argentina por parte de la dictadura militar a partir de 1976, que viene a cortar de raíz un ciclo de varios años de organización, y luchas y avances de los sectores populares. Según el contexto en el que aparezca, la lógica de la toma tiene un componente de resistencia si el Estado reprime o de negociación, si el Estado articula desde la comprensión y la resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, la situación más común es una combinación entre los dos componentes, es decir que producida la toma la gente se asienta, genera organización comunitaria (que puede ser previa u ocurrir durante el proceso) y soporta la represión, el frío, la lluvia, en fin, lo que sea que suceda durante un tiempo, hasta que el Estado los reconozca como un interlocutor válido y empiece la negociación para encontrar las soluciones.
También esta lógica puede adquirir un tono distinto, atravesada no por una necesidad de vivienda sino más bien vinculada a otras necesidades, ligadas a la especulación que posibilitan situaciones de venta clandestina de lotes en las tomas y aún en experiencias de loteos sociales en el marco de la Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.
Retomando, a partir de los años 90 la lógica de la toma con su correlato de organización comunitaria territorial va mutando a una distinta, entre otras cosas porque los protagonistas, sus objetivos e intereses van cambiando. Uno de los temas que va a influir es el de la propiedad privada, es decir, la propiedad de la tierra. Al respecto, la falta de regularización dominial de los asentamientos no fue un impedimento para que sus habitantes se sintieran “propietarios”. Es decir que una vez realizada y consolidada la toma, los barrios empezaban a ser uno más, integrados a tejido urbano, y los intereses de sus habitantes pasaban a ser la construcción y mejora de las viviendas erigidas en sus lotes, lo que los alejaba del eje socio territorial comunitario que había animado el proceso en sus inicios. Aquí podemos entonces identificar otra lógica, la del mercado, ya que la toma, como como única opción para los sectores populares empobrecidos impedidos de acceder a una vivienda o un terreno para edificarla, habiendo sido inquilinos, siendo trabajadores desocupados o con un trabajo formal, pero con ingresos que impiden su participación en el mercado inmobiliario, los convirtió en propietarios.
Esta mutación de la condición de tomadores de tierras a propietarios hace entrar a los barrios la lógica del mercado. Muchos venden la “posesión” del terreno para irse a otros barrios o simplemente empiezan a participar de otras tomas para hacerse de otros lotes, ya sea para construir otra casa para alquilarlas o simplemente para vender el nuevo terreno.
Otros son los cambios que se producen en la forma de encarar el problema de la toma de tierras por parte de las organizaciones sociales y comunitarias a partir de su politización producto de la relación con el Estado en el período pos neoliberal que se inicia al comienzo del siglo XXI, ya que a partir de ese momento las organizaciones barriales van a articular con el Estado a través de las organizaciones sociales, que son estructuras más grandes que articulan y canalizan las demandas de los territorios con una capacidad de presión y de negociación con el poder político mayor para satisfacer las demandas de los territorios si el gobierno de turno tiene una orientación favorable o, por lo menos, para no perder los beneficios adquiridos si esa orientación del gobierno cambia y no los favorece. En esta lógica también opera la politización de los dirigentes barriales, quienes no tiene más remedio que aliarse con dirigentes políticos del distrito como forma de conseguir más beneficios para el barrio, contribuyendo este modo de relacionarse con la política a la fragmentación de las organizaciones barriales.
Es en esta etapa en la que aparece en los barrios y asentamientos populares la lógica del reclamo, que puede ser aislada e inorgánica u organizada. Esto ocurre porque al perderse el espíritu organizativo solidario de los primeros tiempos, la relación con el Estado se articula alrededor de reclamos por mejoras de servicios y equipamiento para el barrio. En el primero de los casos, el del reclamo inorgánico, en el mejor de los escenarios el Estado solo registra el reclamo por el problema, y actúa según la lógica del Estado reactivo, que es aquella en la que reacciona solo cuando aparece un problema, pero nunca o casi nunca tiene capacidad de preverlos o de adelantarse. Pero es un reclamo pasivo, en el sentido de que una vez puesto en la agenda, y en el mejor de los casos resuelto el problema, no se genera ninguna consecuencia organizativa en el barrio o comunidad de la que se trate. Es un reclamo puramente instrumental, que se agota en sí mismo sin dejar ninguna consecuencia organizativa. En el segundo caso, el del reclamo organizado, se presentan dos alternativas: o bien el reclamo es canalizado por organizaciones vinculadas al problema y al barrio o es la propia dinámica del reclamo la que genera organización, que puede quedarse en el barrio o comunidad o trascender el ámbito local. Es decir que la organización del conflicto o del reclamo puede articularse tanto desde arriba, en la que la presencia de las organizaciones en los barrios o comunidades es previa al reclamo o es la que identifica los problemas y los canaliza, encauza y organiza, o, por el contrario, articularse de manera solidaria desde abajo. En este caso, la organización en los barrios es previa al reclamo (no porque no existan los problemas sino porque tal vez no maduró aún la organización), articulada a través de la lógica de la solidaridad, que permite organizar las relaciones en el territorio para ordenar los reclamos y las reivindicaciones.
De este breve recorrido que hemos hecho, podemos rescatar algunas conclusiones para seguir pensando la relación entre territorio, comunidad, organizaciones sociales y hábitat en el conurbano. La primera cuestión que queremos resaltar es la forma en que se fueron construyendo las urbanizaciones populares y comunitarias en el conurbano bonaerense sur en un primer momento, destacando como la lógica de la toma es convertida en una herramienta de construcción comunitaria, es decir imbuida de una lógica de articulación comunitaria con base en la lógica de la solidaridad.
Esta articulación comunitaria es muy importante para el éxito y consolidación de los barrios surgidos en los años ’80 y ’90, porque les brindó a los sectores populares una cobertura frente a la criminalización de las tomas por parte del Estado y permitió el surgimiento de organizaciones barriales que se van a ir relacionando de manera diversa con las instituciones del Estado.
Pero también debemos remarcar que esta lógica solidaria y comunitaria de la toma es suplantada en parte por la lógica del mercado con la aparición de las políticas del Estado que convierten a los habitantes de los asentamientos y barrios en propietarios. De esta manera aparece la posibilidad de obtener beneficios, de especular con alquileres, rentas y ventas de los terrenos. La pregunta entonces comienza a ser como se rompe la lógica del mercado en los nuevos barrios, y ahí la acción estatal proactiva, con participación de la comunidad y con sentido integral y solidario aparece como de suma importancia.
Al respecto, la importancia del rol del Estado aparece claramente cuando se analizan las distintas normativas respecto al tema hábitat existentes a nivel provincial, nacional y municipal, entre ellas la ya mencionada Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. En ese sentido, buen un comienzo sería que esa ley sea puesta en práctica de manera total por parte de todos los organismos gubernamentales para transformarse en políticas concretas que lleguen a los sectores vulnerables, siendo para esto muy importante la voluntad y la decisión política, de manera de potenciar a las organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en los territorios.
AUTOR:
Juan Pastor González