Si sufrís violencia de género llamá al 144.
Desde el ejercicio del trabajo social, la función pública y la ciudadanía en el marco de un Proyecto Político Nacional Popular y Democrático basado en la Justicia Social, como el que se pretende llevar en la Argentina, interesa pensar la construcción de las políticas sociales como aquellas herramientas que se construyen entre necesidades/propuestas de las sociedades y las instituciones del Estado que buscan garantizar integración social.
Cuando pensamos en qué tipo de Estado se necesita para intervenir en coyunturas de incremento de la desigualdad como la que transitamos y heredamos, pensamos en Estados políticamente decididos a intervenir en las dinámicas del mercado que excluyen económica, social, cultural y políticamente.
Comprendemos que sus políticas públicas deben articular los sistemas de seguridad social, ayuda social, producción de trabajo e ingresos dignos con el objetivo de fortalecer a sectores sociales en situación de vulnerabilidad, igualar oportunidades, diseñar políticas sociales desde el enfoque de derecho y promover la movilidad social ascendente que redistribuya más justamente los ingresos y las riquezas que se generan en el territorio habitado por el conjunto de la población.
Partiendo de esta perspectiva, actualmente en la Argentina tenemos un gran desafío de reconstrucción luego de haber transitado 4 años de políticas neoliberales implementadas por la coalición de gobierno de cambiemos. Algunos de los hitos más emblemáticos de dichas políticas podríamos enunciarlos en:
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La reducción del 20% de los salarios, salarios que al 2015 en el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández eran los más altos de América Latina
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El mayor endeudamiento externo de la historia argentina a 100 años y la vuelta al condicionamiento del FMI con 44000 millones de dólares de deuda
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Conformación de activos externos, mayoritariamente no declarados, mediante la compra de 86000 millones de dólares por parte del 1% de empresas y personas físicas en la argentina
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Desarticulación del estado en sus áreas de protección social como fue la desjerarquización del Ministerio de Salud convirtiéndolo en una secretaria del Ministerio de Desarrollo Social
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Instalación de la perspectiva meritocrática para el progreso social, descentralización de la política social en las ONGs u organizaciones sociales para paliar la emergencia social, debilitando el rol de protección del Estado
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Degradación de la perspectiva universal de “lo público” buscando reducirlo solo para las intervenciones hacia las “personas pobres”
Frente a estos embates y muchos más, la memoria colectiva, la sabiduría popular y la unidad política permitieron recuperar un gobierno que busca desde la perspectiva de la protección social dar respuesta de integración frente al impacto de aquel sistema productor de desigualdades y concentrador de beneficios en poderosas pocas manos.
El sistema de seguridad social centralizado en la Anses, fortaleciendo su fondo nacional de garantías, ha direccionalizado sus recursos para garantizar/ ampliar derechos, integrar y sostener a los sectores en situación de vulnerabilidad etaria, por pobreza, informalidad laboral y/o impacto de la pandemia, mediante el trabajo conjunto con las áreas estatales nacionales de inclusión social y promoción de derechos adquiridos como son los ministerios de desarrollo social, educación, salud, trabajo y producción
Ampliación de asignaciones por embarazos y nacimientos, protección de les niñes ante diferentes necesidades como la alimentaria, fortalecimiento de la inclusión en distintas etapas de la trayectoria educativa, garantía de derechos laborales, promoción de la empleabilidad, inclusión del trabajo informal, asistencia laboral y salarial en situaciones de emergencia, universalidad de las jubilaciones con nueva fórmula por sobre la inflación, anticipación de la jubilaciones y reconocimiento de aportes por tares de cuidado, son parte de las políticas sociales que buscan reconstruir y sostener el tejido social.
Tomando las reflexiones de nuestra colega Adriana Clemente cuando caracteriza a los sistemas de bienestar como aquellos sistemas y subsistemas que compone cada Estado desde su concepción de bienestar, la regulación alcanzada con otras esferas de bienestar como la familia y el mercado, su capacidad de control en la distribución de bienes mercantilizables, su poder de redistribución y capacidad para construir accesibilidades; entendemos que el Estado y su capacidad de generar bienestar, en esta coyuntura, es un campo de disputa política con los poderes facticos concentrados en la economía, y sus operadores como el poder judicial y los medios de comunicación.
Análisis de situación
Entendiendo que el trabajo es una de las principales dimensiones de desarrollo humano en las personas que habitan un país para cubrir las necesidades básicas de las familias, hoy nos preocupa la cantidad y la calidad del trabajo, sus condiciones y el poder adquisitivo de los ingresos.
En septiembre del 2022, el INDEC nos habla de 9 millones de personas desocupadas (7%)
El Registro Nacional Trabajadore/as de la Economía Popular nos dice que, entre julio del 2020 y febrero del 2022, se inscribieron 3.225.268 personas que trabajan informalmente y no gozan de los derechos laborales (57,8% de esta población son mujeres y el 42,2% varones) e igualan a más de un cuarto de la población económicamente activa registrada.
Un informe de la UNSAM nos dice que la participación de los salarios en el PBI a fines del 2015 era del 51% habiendo recuperado 20 puntos desde el 2002. Transitado nuevamente el modelo neoliberal (2015-2019) y el impacto de la pandemia, dicha participación se redujo a 46,9% en el primer trimestre del 2022 según el INDEC.
El poder adquisitivo de la mayoría de los salarios se encuentra devaluado permanentemente frente a la constante inflación que interanualmente se proyecta en un 80% hacia este 2022
Si bien la producción y el trabajo crecen en el marco del actual gobierno, los indicadores sociales generales expresan gravedad en la vida cotidiana de las familias. Los mismos manifiestan un 37% de pobreza en la Argentina (10,8 millones de personas que vía los ingresos que perciben no acceden a la canasta básica total valuada en $74000) dentro del cual el 8,2 % de la población se encuentra en situación de indigencia (2,4 millones de personas que por sus ingresos no accede a la canasta básica de alimentos de $31834) y una brecha de desigualdad de 14 veces que si bien se vienen reduciendo luego de la pandemia, no termina de recuperar los indicadores del proyecto nacional, popular y latinoamericano del periodo 2003 2015 donde la CEPAL ubicaba a la Argentina con el menor índice de pobreza de la región (5,5%).
En el marco de este acotado análisis de situación esencialmente cuantitativo, es interesante tomar la reflexión que se realiza en el Informe sobre la Desigualdad Global 2022 citado por el economista Alfredo Zaiat cuando explica que “…La desigualdad es siempre una opción política…” y “…que abordar los desafíos del siglo XXI no es factible sin una redistribución significativa de las desigualdades de ingresos y riqueza”
Construir horizontes de transformación para igualar oportunidades
Quienes trabajamos en lo social no podemos permitirnos pensar las políticas sociales sin pensar en el rumbo de la política económica, la consolidación de la democracia y la intervención del estado garante de derechos.
“El Estado debe conducir al capitalismo”, “…del crecimiento económico no pueden beneficiarse unos pocos…”, “…generemos valor agregado internamente…”, “…que la deuda la paguen quienes fugaron los mismos dólares que la generaron…”, “…los trabajadores tienen que aumentar su participación en la renta…”, estas son algunas de las directrices políticas que hemos escuchado en la búsqueda de respuestas a la inmoralidad e injusticia de la desigualdad social inconcebible en el marco de las riquezas de nuestro territorio nacional. Por esto, robustecer lo público y la organización popular, es tarea fundamental para quienes comprendemos que es posible transformar esta realidad en el marco del histórico proyecto de Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social.
Acumular fuerza política que se comprometa a trabajar participativamente los ejes que mejoren la vida y provenir de les compatriotas que hoy tienen vulnerados sus derechos y poner límite a la acumulación de privilegios usurpados por pequeños y poderosos sectores de la población propia y extranjera, debe ser nuestra obligación de intervención.
Por esto, construir los consensos sociales y promover el poder político del Estado para ejecutar sustantivamente el enunciado de algunas de las siguientes políticas públicas sociales, es parte de la construcción de este camino.
Soberanía Alimentaria: “Argentina tiene que planificar una alimentación que tenga en cuenta la autosuficiencia alimentaria de la población” nos dice la legendaria nutricionista Miryam Gorban, proponiendo una mirada holística de la alimentación desde la producción hasta la distribución, la comercialización y el consumo, entendiendo que las condiciones necesarias para una alimentación sana, segura y soberana son el pleno empleo, los salarios dignos y los precios justos.
Protección de las niñeces y juventudes con perspectivas de géneros y diversidades: garantizando su desarrollo físico psíquico social mediante la alimentación saludable, el acceso al cuidado y promoción de la salud, el goce colectivo de la integración deportiva, recreativa, tecnológica y la inclusión educativa en toda la trayectoria obligatoria.
Ingreso Universal y Trabajo Decente: el acceso a un ingreso básico para cada uno de les adultes que habitan el territorio nacional con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de desarrollo, es un derecho humano por el cual el Estado debe velar y garantizar cuando es obturado por las fuerzas e intereses de concentración del mercado o dificultades de acceso. Entendemos que esta meta debe cumplirse esencialmente por la participación en el trabajo y el acceso a salarios dignos, pero también debe garantizarse mediante transferencias dinerarias ante la falta del mismo en un proceso hacia la ampliación del modelo desarrollo con inclusión laboral y distribución del ingreso, formaciones para el trabajo e integración de nuevas formas del mismo.
Políticas de cuidado: reconocimiento y valorización de las tareas de cuidado que permiten desarrollar a las sociedades y son invisibilizadas por naturalizaciones de discriminación de género, etarias y culturales.
La construcción de consensos políticos para priorizar estos ejes, que son solo algunos de una agenda democrática e igualitaria, también requieren del respeto del Estado de Derecho y fortalecer su dimensión participativa, promover reformas estructurales y democráticas del funcionamiento de las instituciones ocupadas por operadores de los poderes facticos, tales, como el poder judicial y los medios de comunicación. Finalmente, y sin agotar propuestas, es importante desarrollar una construcción político social cultural sustantiva que se enraice en la dinámica de la vida cotidiana de nuestro Pueblo para que nos permita mirar/hacer con dignidad y proyectarnos con esperanzas de alcanzar y garantizar la felicidad efectiva y colectiva para todes.
Bs As, 27/9/2022
AUTORA: Laura Berardo. Lic. En Trabajo Social, Subsecretaria de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Docente Unaj y UNLZ, coordinadora de la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria.