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Universidad Nacional Arturo Jauretche | Instituto de Ciencias Sociales y Administración | Licenciatura en Trabajo Social

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Por Javier Bráncoli. Licenciado en Trabajo Social y doctorando en Ciencias Sociales. Profesor a cargo de la materia “Instrumentos de la Intervención” de la Carrera de Trabajo Social UNAJ; Adjunto en las asignaturas “Trabajo Social, Territorio y Comunidad” en UBA, y en “Taller 1 Introducción a la práctica profesional” en UNM. Investigador Categoría 3 y miembro del Centro de Estudios de la Ciudad (UBA). Director del proyecto UBANEX “Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las organizaciones sociales”

La inédita coyuntura que estamos viviendo a partir de la situación planteada por la pandemia ha puesto al límite nuestras vidas en múltiples aspectos, tanto económicos y materiales como sociales, afectivos y simbólicos.

La sensación de vivir en una sociedad del riesgo (Beck, 1998) y el aumento de la incertidumbre (Castel, 2004) han sido signos característicos de esta etapa histórica que tiene su máxima expresión en el inicio de este siglo, sobre todo para la sociedad. Tanto la experiencia individual como colectiva que estamos atravesando hoy, hace aún más patentes estas percepciones.

Sin embargo, la crisis actual que hace aún más visible la pandemia no es el resultado – solamente – de la situación epidemiológica. Por el contrario, el debilitamiento de los dispositivos de integración social como resultado de las últimas dictaduras y gobiernos neoliberales en nuestro país y en la región fue parcialmente revertido por los gobiernos populares en América Latina en la primera década y media del siglo en curso.

El desmoronamiento del trabajo asalariado, y sus formas de protección, parece no haber encontrado punto de equilibrio en su caída ya que, aún en la mejor etapa de recuperación económica y generación de empleo, un tercio de la población económicamente activa en la Argentina continuaba en situación de precariedad e informalidad (Bertranou y Casanova, 2014).

El reconocimiento de esta situación se ha expresado en la generación y puesta en marcha sucesiva de un conjunto de políticas y programas de diverso alcance y orientación, pero con un rasgo común: la gestión del no-empleo (Arias, 2010).

Desde los programas de subsidio al desempleo (planes trabajar, jefes y jefas de hogar desocupados) hasta la Asignación Universal por Hijo, el Estado ha reconocido que el quiebre empleo-ingresos es estructural y afecta a amplias franjas de la población. Las políticas de transferencia de ingresos hacia los sectores sociales desenganchados de relaciones salariales estables tuvieron impacto efectivo en la reducción de la pobreza e indigencia, sobre todo a partir del año 2010 cuando se implementa la AUH.

El Ingreso familiar de Emergencia (IFE) y otras medidas asociadas, en el contexto de la pandemia, ha puesto de manifiesto esta debilidad de la estructura ocupacional y la innegable centralidad del Estado para el funcionamiento de la economía a través de la regulación de ciertas variables (por ejemplo: tarifas de servicios públicos) y el sostenimiento de consumos básicos.

Una vez más volvemos a preguntarnos, en estas circunstancias: ¿la mejor política social es el trabajo?

Esta prédica está presente tanto en discursos oficiales de distinto signo – tanto institucionales como mediáticos – así como en las propias voces de las organizaciones sociales que representan – o intentan hacerlo – a un heterogéneo universo de desocupados, informales y precarios que se organizan en diversas experiencias basadas en la reciprocidad, autogestión y asociatividad pero también en la marginación y la pobreza persistente (Clemente, 2017).

Esta afirmación, no sólo es declamatoria, sino que sustenta la formulación de políticas públicas desde el Estado y demandas sectoriales por parte de las organizaciones.  A nuestro entender expresa ciertos supuestos que, como mínimo, es posible problematizar:

  • La expectativa de recuperar niveles cercanos al pleno empleo a partir de una recuperación económica basada en el estímulo al consumo.
  • La vinculación directa entre recuperación del empleo y mejora en los ingresos económicos familiares
  • La visión de una sociedad homogénea que puede insertarse laboralmente frente a la generación de nuevas “oportunidades” laborales.
  • La invisibilidad de amplios sectores sociales en situación de pobreza persistente que acumulan décadas de postergación y serias pérdidas en sus posibilidades de integración social.

Frente a una prédica “laboralista” con cierta carga de valores morales, es posible registrar una sociedad que se mueve en dos – o muchas más – velocidades, en donde los sectores que acumulan desventajas sociales requieren de otro tipo de soportes para lograr mejores condiciones de integración social.

Los soportes necesarios para que un sujeto pueda superar la “prueba” (Martuccelli, 2007) de una inserción laboral plena implican cierto nivel de formación, condiciones de salud, acceso a alimentos, transporte y vestimenta, documentación y domicilio legal, entre otros.

Es decir, el empleo – a diferencia de quienes lo interpretan como el inicio y condición de un proceso de integración social – es un punto de llegada y no de partida. No es posible para amplios sectores sociales resolver todo aquello que está “antes” del trabajo y que es imprescindible para una inserción laboral plena.

Lo “popular” de la economía: subsistencia y reciprocidad

En la etapa que transitamos es posible visualizar, cada vez más, un conjunto de experiencias y formas que adquiere el trabajo humano, no necesariamente en relaciones de empleo asalariado. En este sentido, hay una notable contribución de las organizaciones y movimientos sociales que han hecho visible estas formas de trabajo: social, popular, autogestionario, asociativo.

La emergencia de diversas formas de organización económica popular, lejos de ser una novedad en términos históricos, expresa la centralidad que adquiere para amplios sectores sociales una economía del “rebusque y la changa” pero también de solidaridad organizada y producción de bienes y servicios para el autoconsumo.

Esta economía territorial y comunitaria contribuyó a generar recursos – monetarios y no monetarios – que, aunque inestables, permitieron configurar modos de subsistencia y en algunos casos alternativas al modelo de producción dominante.

Dentro de esta economía que se configura en los márgenes del sistema (Quijano, 2002) es posible registrar desde formas de ayuda mutua basadas en la reciprocidad, la producción en pequeña escala y diversas formas de subsistencia, pero también una trama de relaciones basadas en la economía ilegal y formas de trabajo indignas (semi-esclavitud, trata de personas, tráfico de sustancias).

No todo lo que crece en los márgenes del sistema puede ser asimilado a formas de solidaridad organizada o simplemente de resistencia. Quedan en el camino vidas y daños irreparables.

Durante el ciclo de crecimiento y recuperación económica, estas economías familiares y comunitarias de subsistencia fueron parcialmente eficaces para la mejora de ingresos de amplios sectores sociales. Mientras tanto el Estado extendía la monetarización de la asistencia a través de diversos programas, entre los cuales se destaca la AUH, la moratoria jubilatoria y el incremento de pensiones no contributivas.

Por otra parte, la acción del Estado, contribuyó – parcialmente – a organizar y fortalecer a experiencias valiosas dentro del sector: cooperativas de vivienda, emprendimientos productivos, ferias y nodos de comercialización, pero también comedores y merenderos, jardines y centros comunitarios, bibliotecas populares y clubes de barrio.

Como afirmaba una joven dirigente social en las postrimerías de la crisis del año 2001: “todo lo que hacemos las organizaciones sociales es productivo”. Tanto las experiencias de producción basadas en la autogestión como una economía reproductiva que se orienta al autoconsumo y el cuidado.

El escenario de intervención para el Trabajo Social

El espacio de articulación entre formas de asistencia estatal, organización comunitaria de cuidados y generación de proyectos de la economía popular van configurando una economía mixta a decir de José Luis Coraggio (2015). En estas esferas (estatal y comunitaria) se tienden a resolver un conjunto de necesidades sociales basadas en satisfactores no mercantiles.

La alimentación, el cuidado, la salud y el hábitat encuentran respuestas – siempre parciales – en estas interacciones estatales y comunitarias que se ha puesto de manifiesto, una vez más, en la pandemia.

Los procesos de intervención – estatales y profesionales –, de los cuales el trabajo social forma parte, requieren reconocer estas múltiples y difusas esferas donde se resuelve la relación sujeto –necesidad.

Para ello es necesario atender tanto a los dispositivos de la política pública – sus enfoques e instrumentos–, como a la dinámica social y territorial en la que se desenvuelven actores y actrices sociales.

De tal modo es necesario (re)pensar nuestras intervenciones en este campo y en clave de algunos principios:

  • La acción social (individual y colectiva) de atención a necesidades sociales directas es productiva en sí misma.
  • Los procesos colectivos necesitan tiempo y condiciones – no siempre dadas – para consolidar actores sociales emergentes.
  • Lo grupal o comunitario no es siempre un punto de partida sino de llegada en la sociedad actual. En una sociedad moderna que tiende a un individualismo extremo, las formas asociativas son contraculturales.
  • El valor agregado de conocimiento suma potencia a las experiencias asociativas.
  • La inserción en el mercado puede ser una estrategia, pero no un fin en las experiencias socio-productivas.
  • Sin la regulación y protección estatal estas experiencias tienden a menguar y extinguirse.

Algunas de estas afirmaciones podrían ser, a su vez, interrogantes. Esta es la incertidumbre que nos atraviesa en los escenarios de intervención, en la formulación e implementación de políticas y en la relación cotidiana que establecemos con sujetos inesperados y frágiles.

Los actuales debates que se dan en el marco de la implementación de políticas sociales de asistencia requieren ubicar la complejidad, extensión y persistencia de una pobreza que hasta el momento no había conocido la sociedad argentina. Una situación que seguramente se va a profundizar y extender aún en la post-pandemia.

Será momento de poner en duda y cuestionar todas nuestras certezas para repensar la relación entre el conocimiento – de una realidad nueva y emergente – y dispositivos de intervención que arrastran aún una rémora tecnocrática y desarrollista.  ¿Estaremos a tiempo?

 

Bibliografía

  • Arias, A. (2010). La construcción de lo “comunitario” en las políticas sociales dirigidas hacia la pobreza. En: Necesidades sociales y programas alimentarios. Las redes de la pobreza. Adriana Clemente (coordinadora). Espacio Editorial, Buenos Aires.
  • Bauman, Z.  (2003), Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Siglo XXI, Madrid, 2003.
  • Beck, U.  (1998), La sociedad del riesgo, hacia una nueva modernidad. Editorial Paidós, Barcelona.
  • Bertranou, F.  y Casanova, L. (2014). Informalidad laboral en Argentina. Segmentos críticos y políticas para la formalización. Programa de Promoción de la formalización en América Latina y el Caribe (FORLAC) Organización Internacional del trabajo OIT. http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/—ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_248462.pdf
  • Bráncoli, J.  y Vallone, M.  (2010). Donde hay una necesidad, nace una organización. Editorial Ciccus y Facultad de Ciencias Sociales UBA. Buenos Aires. https://drive.google.com/file/d/1iTDiP-I71IKURaWvOPgfTRfZHRMbOcah/view
  • Bráncoli, J. (2020). Narrativas suburbanas: relatos de vida de mujeres de sectores populares del Gran Buenos Aires en “El bienestar en retroceso. El caso de las políticas asistenciales ante la incertidumbre (2016-2019)”. Coordinadora Adriana Clemente. PIUBAMAS – UBA Sociales. Editorial Departamento de Publicaciones de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales UBA. Buenos Aires, 2020. http://cec.sociales.uba.ar/…/15/2020/12/10_Brancoli.pdf
  • Castel, R. (2004), La Inseguridad Social ¿Qué es estar protegido?, Buenos Aires, Ediciones Manantial.
  • Clemente, A.  (2017). Hacia un enfoque situacional de atención a la pobreza urbana. El aporte de los programas de abordaje integral.  En: El abordaje integral como paradigma de la política social. Espacio Editorial, Buenos Aires.
  • Coraggio, J.  (2015). Economía social y economía popular en América Latina. Exposición en APEL I Congreso de pensamiento económico latinoamericano. https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/exposicion%20panel%20coraggio%20bis.pdf
  • Martuccelli, D. (2007). Gramáticas del individuo. Editorial Losada. Buenos Aires.
  • Quijano, A. (2002). “¿Sistemas alternativos de producción?”. En Boaventura de Sousa Santos (org), Produzir para vivir. Os caminos da produçao nao capitalista. Capítulo XII. Río de Janeiro, Ediciones Civilizaçao Brasileira.
  • http://economiassolidarias.unmsm.edu.pe/sites/default/files/Santos_Producir%20para%20vivir.pdf
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