Si sufrís violencia de género llamá al 144.
11 de julio de 2023
11 de julio de 2023
En pocas palabras podríamos decir que es una oficina descentralizada de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin embargo, consideramos oportuno partir del surgimiento del CAJ como política pública por lo que debemos historizar un poco y tener en consideración múltiples factores. Por un lado, no perder de vista la importancia de comprender a la realidad social como un entramado complejo de relaciones sociales que son determinadas por el modo de producción vigente, es decir el capitalismo. Siendo así, podremos entender como el reconocimiento positivo de los derechos por parte del Estado hacia las poblaciones, como así también el acceso y ejercicio efectivo de estas a sus propios derechos, se encuentra mediado por la propiedad privada.
Desde una concepción liberal del derecho podríamos considerar que el ejercicio de los mismos debería garantizarse de manera individual, por cada ciudadanx. Sin embargo, como si del proceso de profesionalización del Trabajo Social habláramos, frente a las manifestaciones de la cuestión social que cada vez son más complejas se hace necesario para la clase social que impone su dominación en la estructura social hacer extensiva esta dominación en el plano superestructural. De este modo, el abordaje de manera planificada y sistemática de dichas manifestaciones da lugar a la elaboración de políticas públicas, como la generación de Centros de Acceso a la Justicia, desde los cuales se puedan tener en consideración especificidades de las condiciones materiales de vida de las comunidades, como así también buscar líneas de acción que contemplen su cosmovisión, su capacidad cognitiva, formación académica, etc.
Consideramos que estas líneas de acción pueden tener un horizonte de transformación en relación a algún aspecto de la realidad social o, por el contrario, pueden ser direccionadas hacia la neutralización del conflicto sin modificar la situación que dio origen a la solicitud de intervención. Siendo así, el objetivo de descentralizar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puede ser fundamentado de diversas maneras. Una de ellas podría ser la intención de generar puertas de acceso al ejercicio de los derechos de diversos sectores de la población que no cuentan con la posibilidad de ponerlos en práctica mediante el trabajo, relación social que durante el siglo XX se constituyó como el mecanismo más generalizado para garantizar la seguridad social y el ejercicio efectivo de los derechos.
Por otro lado, podemos entender que la disociación que existe entre la especificidad que asumen las relaciones sociales que tienen lugar en el ámbito comunitario y las que se llevan adelante en los procesos judiciales se conjuga con las dificultades y restricciones impuestas para acceder a patrocinios jurídicos gratuitos, entre otros factores. Esto produce que frente a diversas manifestaciones de la cuestión social que son judicializadas, en las que los sujetos delegan su representación mediante la intervención de defensorías y juzgados no siempre tengan la oportunidad de incidir en las estrategias de resolución de las situaciones conflictivas o de vulneración de derechos que lxs atraviesan. De este modo, reducir la exposición a acciones que tiendan a revictimizar a la población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social y preservar su autonomía como sujeto de derechos frente a la intervención estatal desde un paradigma tutelar es otro de los objetivos implícitos de esta política pública. La red de Centros de Acceso a la Justicia está formada por 106 oficinas distribuidas en todo el país.
Siendo así, podemos comprender algunos de los factores que generan la necesidad histórica para el Estado de diseñar e implementar dispositivos de carácter administrativo donde poder abordar diversos aspectos de la realidad social que pueden complementarse con las propias herramientas, conocimientos y formas que habitualmente ponen en juego distintos sectores de nuestra población.
Abordaje interdisciplinario y rol del Trabajo Social en el CAJ
Una vez planteado el que, podemos introducirnos en el cómo y en el quien, o quienes. Es necesario señalar que en los Centros de Acceso a la Justicia se constituyen equipos técnicos conformados en su mayoría por abogadxs, psicologxs y trabajadorxs sociales, junto a trabajadores que llevan adelante diversas profesiones y roles. Entre ellxs se destacan lxs coordinadorxs, mediadorxs comunitarixs y lxs promotorxs, aunque en el caso específico del CAJ de Quilmes contamos con una compañera que es antropóloga. La homogeneización de la conformación disciplinar de los equipos de trabajo determina que, en la mayoría de los Centros se propone un abordaje similar de la realidad social. Sin embargo, hay variables que determinan algunas modificaciones entre las formas que asume el servicio brindado por cada sede, ya sea por el componente humano, la demanda establecida por la comunidad en la que se ubica o la impronta definida por la persona que lo coordina. Siendo así, existen CAJ con puestos vacantes, con profesionales que hacen alternancias entre dos o más sedes, que se ubican en barrios populares o villas sin infraestructura básica, donde residen comunidades enteras de personas migrantes o que jerarquizan una expertis profesional por sobre otra.
Si bien desde nuestro colectivo profesional contamos con una batería de recursos metodológicos y herramientas praxiológicas que nos permiten aproximarnos a la realidad social desde una perspectiva crítica, estratégica y situacional somos conscientes de que no contamos con la capacidad de resolver problemas, revertir situaciones de vulneración de derechos o de transformar aunque sea un aspecto de la realidad a la que nos aproximamos por nuestra propia cuenta. Lo sabemos porque dichos propósitos muchas veces exceden las incumbencias de nuestro ejercicio profesional y los objetivos programáticos de los ámbitos institucionales en los que nos insertamos laboralmente. En diversas ocasiones debemos llevar adelante nuestro quehacer específico con una impronta que nos hace entrar en conflicto con nuestro posicionamiento ético-político.
Sin embargo, contamos con la posibilidad de disputar la direccionalidad de los procesos de intervención profesional en conjunto con otras profesiones mediante la constitución progresiva de autonomía relativa. El margen con el que contemos para incidir en el objetivo que se defina para dar por finalizado dicho proceso se inscribe en una coyuntura de ajuste económico por parte del Estado que se suma a la pauperización estructural y sistemática de las condiciones de reproducción material de la clase trabajadora y a otras estrategias desplegadas por la burguesía para imponer su dominación en el modelo de acumulacion. Es debido a esto que consideramos estratégico visibilizar en cada entrevista o diálogo con las personas con las que trabajamos, las que son llamadas “consultantes”, la importancia de reconocerse, no sólo como sujeto de derechos, sino también de cambio, del cambio social.
En ese sentido, a diferencia del análisis desde un enfoque epistemológico de la mediación comunitaria como herramienta de abordaje, discusión y resolución de situaciones conflictivas, creemos oportuno retomar la idea de mediación pero como un concepto de carácter ontológico. Esto nos permite abstraer determinados aspectos de la realidad social para reconstruir analiticamente su complejidad y revertir la fetichización del ser social a la que podemos contribuir en nuestros procesos de intervención profesional con las personas con las que trabajamos.
Consultas más recurrentes del CAJ de Quilmes
Consultas por discapacidad: acompañamiento en la tramitación del CUD y en el acceso a PNC.
Consultas referidas a migraciones: acompañamiento en el proceso de radicación, elaboración de eximiciones de pago de tasa migratoria y para documentación del país de origen. Asistencia en la tramitación de solicitudes de Certificados de residencia y de nacionalidad.
Consultas sobre relaciones de familia: asesoramiento sobre divorcio, unión convivencial, herencia, sucesión, etc.
Consultas sobre responsabilidad parental: asesoramiento sobre deberes en relación a la cuota alimentaria y al régimen de comunicación. Evaluación de la viabilidad de llevar adelante mediaciones comunitarias como alternativa previa a la judicialización de la situación.
Consultas sobre violencia de género: asesoramiento integral, acompañamiento y derivaciones al Programa Acompañar y a los organismos de Géneros y Diversidades correspondientes al distrito.
Consultas sobre documentación: asistencia en la solicitud de partidas, acompañamiento a personas que nunca accedieron a su documentación para revertir dicha situación, etc.
Consultas relativas a educación: solicitud de vacantes, inscripción a PROGRESAR, articulación con instituciones educativas.
Consultas relativas a servicios de salud: solicitud de turnos, derivaciones, acompañamientos y articulaciones institucionales.
Consultas relativas a vivienda: Mi Pieza, Certificados de Vivienda Familiar, RENABAP, conflictos por irregularidades en la posesión del inmueble, informes por condiciones habitacionales, articulación con OPISU, etc.
Consultas relativas a niñez: situaciones de vulneración de derechos, articulación con los Servicios Locales y Zonales y demás instituciones transitadas por lxs niñxs. Proyecto de Capacitación en detección temprana de indicadores de ASI para trabajadorxs de los clubes de AFA del distrito de Quilmes.
Consultas por cuestiones de géneros: cambio de identidad de género, situaciones problemáticas de las personas trans, etc.
Consultas por desempleo: políticas públicas de empleabilidad, líneas de financiamiento, etc.
AUTORA: Victoria Riquero.