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Universidad Nacional Arturo Jauretche | Instituto de Ciencias Sociales y Administración | Licenciatura en Trabajo Social

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Apuntes sobre políticas públicas para la Economía Popular

Economía de mercado y economía popular: el rol del Estado

Las transformaciones en el mundo del trabajo vienen siendo cada vez más visibles en la segunda década del siglo XXI, tanto en Argentina, como en América Latina y el mundo. A partir de la crisis de la “sociedad salarial” de fines de 1970, el desmantelamiento de los sistemas de seguridad social y la destrucción de las distintas experiencias de Estado de Bienestar o Benefactor, la imposición de modelos económicos neoliberales en el mundo y en América Latina pusieron el acento en la capitalización financiera por sobre un modelo de producción y trabajo2. En Argentina, estos cambios se caracterizaron por un proceso de heterogeneización de los sectores populares (Villarreal,1985) que fragmentó a la clase trabajadora en “obreros industriales”, “empleados” (producto del proceso de terciarización de la fuerza de trabajo) y “trabajadores independientes”, también conocidxs como trabajadorxs por cuenta propia que “se excluyen de la relación salarial”, mientras que por otro lado se daba un proceso de “homogeneización por arriba” que consolidaba a la clase dominante (Adamovsky, 2012). Se consolidó en 1994 un Estado de Transformación que en vez de llevar adelante una reforma progresiva que reconozca los derechos sociales y laborales, defienda los recursos naturales y la soberanía nacional como el que postuló la Constitución de 1949, llevo adelante una reforma regresiva, transformó el Estado pero para descentralizar la salud y la educación, debilitar la soberanía nacional y fortalecer la dependencia (Martínez, 2017). En el marco de la recuperación económica de principios del 2000, pasando por la crisis financiera internacional del 2008/09, la “nueva cuestión social” (Murillo, 2011) que se empieza a debatir en Argentina y en América Latina es la emergencia de nuevos actores sociales, fundamentalmente, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Esta categoría de análisis, intenta abordar la nueva “metamorfosis de la cuestión social” (Castel, 1995), que se expresa como campo delimitado para aquella velocidad de la economía que no se acopla a la dinámica de la economía de mercado, que no cumple sus reglas y no está amparada por la legislación vigente. En este marco, aporta a graficar un esquema general el planteo que desde la CTEP (Pérsico, Grabois, 2014) realizaron respecto de la economía argentina. Su tesis principal es que el “poder económico fue dividiendo la economía en tres sectores: el “sector moderno y trasnacional” (empresas multinacionales) que va en avión, el “sector nacional y local” (PyMES) que va en tren y el “sector popular” (unidades de trabajo sin capital e infraproductivas) que va “a pata” o “en chancletas”. Cuando las cosas andan mal, el avión sigue volando, el tren empieza a fallar y los peatones nos caemos todos en el barro.” Esta descripción es una metáfora cruda de las desigualdades e inequidades que se presentan en la reconversión del modelo económico global posterior a la crisis del 2008. Cuando se sostiene que la economía tiene tres velocidades se habla de una economía “moderna y trasnacional” (constituida por corporaciones trasnacionales, monopolios y grandes empresas) “que ocupan a una porción pequeña de la mano de obra, con salarios elevados y plenos derechos laborales”; por otro lado, “la economía nacional y local”, que “cubre la mayor parte de los empleos, producto de una gran cantidad de PyMEs orientadas al mercado interno o a proveer servicios tercerizados a las grandes empresas; estas se encuentran siempre subordinadas a las decisiones macroeconómicas de los sectores monopólicos. Ofrecen en general condiciones de trabajo asalariado precario, inestable, tercerizado y parcialmente registrado.” Por otra parte, la economía popular comprende “emprendimientos individuales o colectivos con mínima tecnología, baja productividad, ingresos inadecuados para los trabajadores y condiciones muy malas de labor” (Grabois, Pérsico, 2015). En el artículo “Trabajos, ingresos y consumos en la economía popular” (Arango, Chena, Roig, 2017), lxs autorxs sostienen que el concepto de economía popular “surge de las propias prácticas políticas de los sectores excluidos de las relaciones laborales tradicionales”, y advierten que “encuentra fuertes resistencias para transformarse en una categoría analítica”, distinguiéndose del concepto de informalidad, impulsado por el Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (1978) y el de masa marginal, creado por Nun (1969). A medida que las principales consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal comenzaban a sentirse en América Latina, con fuertes niveles de desocupación y pobreza, emerge un sector social que evolucionó en su forma de organización desde un movimiento de trabajadores desocupados y desocupadas (que tomó estado público como “movimiento piquetero”) durante la década del noventa, a una nueva forma de organización que empezó a consolidarse a partir de la crisis de 2001 y que luego de la recuperación económica de 2002-2008 se incorporó a la actividad económica pero sin derechos ni una relación de dependencia estricta y que se auto-denominó “economía popular”. En este punto, la noción de economía popular “busca sintetizar las experiencias políticas, sociales y económicas acumuladas desde la crisis de 2001, a través de la positividad de una cultura emergente que se define en oposición a la dominante y que reivindica formas alternativas de trabajo para consolidar derechos colectivos (Chena, 2017).”

En este marco de transformación de la realidad social argentina desde los últimos 40 años, el Estado Nacional debe transformar sus estructuras si pretende dar soluciones a los emergentes sociales del siglo XXI. El Estado Neoliberal heredero de la Reforma Constitucional de 1994, que descentralizó la educación, la salud y los recursos naturales, no está preparado para ver y reconocer esta nueva cuestión social argentina y desde la década de 1990 gobiernos de diverso signo político han llevado diversas políticas sociales y laborales de transferencia (con o sin contraprestación) y subsidio que no lograron abordar el problema estructural que venimos desarrollando: la emergencia y el fortalecimiento de la economía popular como parte de una nueva realidad social estructural (ver cuadro Programas Laborales y Sociales 1993-2021).

Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que aunaron fuerza en la movilización de San Cayetano del 7 de agosto de 2016, denominados a partir de ese momento como “los Cayetanos” (CTEP, Barrios de Pie y CCC)3 conquistaron la Ley de Emergencia Social en noviembre de 2016 con el apoyo de la Confederación General del Trabajo y de la Unión Personal Civil de la Nación que participaron de esas jornadas de movilización al Congreso. La ley logró tener apoyo unánime de todo el arco político partidario y los movimientos populares lograron poner letra de molde a una serie de instituciones de nuevo tipo: el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) y el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP). En el marco de la Ley de Emergencia Social y gracias a la movilización popular se creó el Programa de Proyectos Productivos en 2017 que entiende al ingreso percibido por sus titulares como Salario Social Complementario, un reconocimiento de los movimientos populares para empezar a discutir el sentido del subsidio como “salario social” poniendo de manifiesto que hay trabajos en la economía popular que empieza a tener una valorización y se propone como complementario a los ingresos que un trabajador o trabajadora de la economía popular consigue con su trabajo cotidiano. El RENATREP como registro fue una formalidad legal que recién se implementó y se puso en marcha en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández como RENATEP dentro de la órbita de la Secretaría de Economía Social4. Por otra parte, es importante destacar que en marzo de 2017, cuando se reglamenta la ley se propone por primera vez una definición estatal de la economía popular, entendiéndose por “toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar. La Economía Popular se desarrolla mediante proyectos económicos de unidades productivas o comerciales de baja escala, capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo.” Esta definición empezará a tener nuevos aportes a partir de diciembre de 2019 con la gestión de los movimientos populares protagonistas de la resistencia al macrismo.

El RENATEP

En junio de 2020, en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de COVID-19, se lleva adelante la implementación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que tenía fuerza de ley desde noviembre de 2016 y que durante 4 años no tuvo decisión política para su implementación. El RENATEP, como se presenta públicamente, “busca reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo. Ser parte del mismo les permite acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera.5” Pueden inscribirse en el Registro todos aquellos y aquellas personas, mayores de 18 años y que integren el sector de la economía popular, que realicen actividades en el marco de la economía popular como vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; pequeñas agricultoras y agricultores; trabajadoras sociocomunitarias y de la construcción; quienes trabajen en infraestructura social y mejoramiento ambiental y pequeños productores y productoras manufactureras, entre otros rubros. En el RENATEP se reconocen ocho ramas: 1) Comercio popular y trabajos en espacios públicos; 2) Recuperación, reciclado y servicios ambientales; 3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental; 4) Industria manufacturera; 5) Servicios socio-comunitarios; 6) Agricultura familiar y campesina; 7) Transporte y almacenamiento; y 8) Servicios personales y otros oficios. Dentro de las incompatibilidades se encuentran las de ser titular de más de 2 (dos) inmuebles; ser titular de más de 3 (tres) automóviles (no se contemplan motos), y en ambos casos -inmuebles y automóviles- 1 (uno) de dichos bienes debe estar afectado al emprendimiento económico. Por otra parte, si además de trabajar en el sector de la economía popular, la persona tiene un trabajo en relación de dependencia, el salario que recibe por ese trabajo no puede superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil que hacia febrero de 2022 se actualizará a $33000. Por otra parte si están inscriptos o inscriptas en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes sólo se admiten las categorías A, B, C y D o titulares del Monotributo Social.

Actualmente el RENATEP ha logrado a partir del trabajo de los trabajadores y trabajadoras del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social que lo llevan adelante, dos informes donde se realiza un detalle pormenorizado de la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que se fueron registrando, se comparan los datos con el el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para dar cuenta de mercado laboral asalariado privado y cómo en muchas regiones y provincias como en franjas etáreas los trabajadores y trabajadoras de la economía popular (RENATEP) superan al mercado laboral asalariado privado (SIPA).

Por el momento los informes elaborados fueron:

  • Hacia el reconocimiento de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular” Primer informe de implementación (Mayo 2021): realizado durante el período de julio del 2020 y febrero de 2021 abarcando un total de 2.093.850 inscripciones.6

  • Diagnóstico y perspectivas de la economía popular”, Segundo Informe de implementación (Agosto 2021): realizado durante el período de julio del 2020 y agosto del 2021, abarcando un total de 2.830.520 inscripciones.7

Planificar es la tarea

Para poder avanzar en un Nuevo Estado, una nueva estatalidad que garantice la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, no solo es necesario una nueva Constitución que de cuenta de un nuevo contrato social que nos permita avanzar hacia una Patria Justa, Libre y Soberana, también es necesario planificar. Herramientas como el RENATEP nos permiten poder revertir el derrotero de las políticas sociales en los últimos 40 años. En el corto plazo le permite al Estado darle reconocimiento y protección por ejemplo a los trabajadores y trabajadoras del Espacio Público, mal llamados manteros y manteras para que las fuerzas de seguridad no le decomisen la mercadería, gracias al trabajo que trabajadores y trabajadoras de la de Fortalecimiento de la Economía Social y Popular vienen haciendo junto a los Centros de Atención a la Justicia; permite seguir impulsando y perfeccionando diplomaturas y formaciones que certifiquen los saberes populares y fortalezcan oficios y trabajos no reconocidos y remunerados aún, como por ejemplo las Diplomaturas de Cuidados que venimos trabajando trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias, la Dirección de Formación y Terminalidad Educativa y Equipos CEP (Centros de Economía Popular) de la Secretaría de Economía Social de la Nación, que van a permitir a trabajadores y trabajadoras de la economía popular seguir formándose en Cuidado y Pedagogías de las Infancias en Espacios Comunitarios, Cuidados de Personas Mayores, Cuidados de Personas con Discapacidades, Promoción del Trabajo Sociocomunitario, Promoción de Derechos con perspectiva de Género y Diversidad, Cuidados de la Juventud Construcción de Comunidad. En el mediano plazo el RENATEP permitirá poder ampliar derechos si avanza un nuevo monotributo para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular8. Pero fundamentalmente el RENATEP permite en el largo plazo volver a planificar la política pública, no pensar programs y proyectos aislados entre sí y producto de la coyuntura o agenda pública sino un plan de 10 a 20 años, en el mejor de los casos, por qué no un Plan Quinquenal de las Políticas Sociales. El Estado no puede planificar políticas acordes si no conoce y para eso el RENATEP es un primer paso fundamental para que el Estado conozca la realidad de la economía popular y pueda implementar políticas públicas para transformarla y fortalecerla. En esa dirección debemos avanzar. Si el Consejo Nacional de Posguerra dio nacimiento a los Planes Quinquenales, que el Consejo Económico y Social creado en plena pandemia nos aporte un rumbo en este sentido.

 

Anexo

 

 

 

 

 

Fuente: RENATEP. Segundo informe de implementación. Agosto 2021.

 

Fuente: RENATEP. Segundo informe de implementación. Agosto 2021.

Fuente: RENATEP. Segundo informe de implementación. Agosto 2021.

Programas Laborales y Sociales 1993-2021

Programa

Fecha de Creación

Vigente

Duración (años)

PIT

1993

No

2

Pago Único

1993

No

6

PEP / PEP-PYME

1994

No

4

PROAS / PRENO

1995

No

2

Forestar

1995

No

5

TRABAJAR

1996

No

6

Serv. Comunitarios

1996

No

4

Prolana

1997

No

2

Especiales

1997

No

3

PROEMPLEO

1998

No

3

PROEMPRI

1999

No

1

EMPLEAR / PYME

2000

No

1

PEL/Comunitario

2000

No

3

PEC

2003

No

13

PEL productivo

2000

No

1

Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados

2002

No

3

Programa de Trabajo Autogestionado

2004

17

Programa Familias por la Inclusión Social

2005

No

4

Seguro de Capacitación y Empleo

2006

15

Programa de Inserción Laboral

2006

15

Programa Argentina Trabaja

2009

No

9

Programa Construir Empleo

2012

No

5

Programa Ellas Hacen

2013

No

5

Programa Desde el Barrio 1

2016

No

2

Empalme-PIL

2017

No

2

Programa Proyectos Productivos Comunitarios-Salario Social Complementario

2017

No

3

Programa de Transición al Salario Social Complementario 2

2017

No

1

Programa Hacemos Futuro 3

2018

No

2

Programa Potenciar Trabajo 41

2020

1

1 Migración del programa provincial Barrios Bonaerenses

2 Migración de Construir Empleo a PPC-SSC

3 Integración del Programa Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio

4 Integración del Programa Hacemos Futuro y el Proyectos Productivos-SSC.

Fuente: elaboración propia en base información pública del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Observatorio de Políticas Sociales “Eva Perón” de UPCN, y la publicación de Lucas Ronconi (Centro de Investigacion y Accion Social), “El Programa Trabajar”. 2002.

 

1 Este artículo fue publicado en la Revista Escenarios N° 53, herramienta de debate y reflexión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que dedica ese número al eje “Estado y Políticas Sociales”, elaborado íntegramente por trabajadores y trabajadoras organizadas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  La revista puede leerse en https://www.upcndigital.org/tpngcba/articulos/68683/312-EscenariosN%C2%B053-EstadoyPol%C3%ADticasSociales.pdf

2 Ideas retomadas del artículo “Economía de mercado y economía popular: una reflexión sobre el trabajo de plataformas”, publicado en la Revista “Diecisiete 10” Nº3 de la UPCN Delegación General Desarrollo Social: https://upcndesarrollosocial.com/revistadigital/Revista17DiezN_3.pdf

6 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/05/informe_completo_renatep.pdf

7 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/renatep__diagnostico_y_perspectivas_de_la_economia_popular_reporte_agosto_2021.pdf

8 En octubre de 2021 se anunció una serie de medidas para fortalecer a la economía popular, como la creación de un Monotributo Productivo para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Economía Popular, crèditos no bancarios para el sector y priorizar a la economía popular para el Compre Estatal. Ver: https://www.telam.com.ar/notas/202110/572334-economia-social-monotributo.html

9 Normativa vigente del Programa Potenciar Trabajo: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-121-2020-335790/texto

 

AUTOR: Federico Demiryi, Docente de UNAJ/UNDAV/UNBA. Trabajador del Ministerio de Desarrollo Social, Licenciado en Sociología (UNBA).

 

 

 

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