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Uruguay en tiempos de pandemia y de embate del proyecto neoliberal de la mano del ascenso al gobierno de una coalición conservadora

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Por Adela Claramunt Abbate. Docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Dra. en Ciencias Sociales con Especialización en Trabajo Social por la FCS-UdelaR. Investiga y enseña en torno al trabajo y la formación profesional de los Trabajadores Sociales, los sujetos colectivos y la cuestión social en movimiento.

Se busca compartir por este medio algunos de los principales trazos que caracterizan la situación vivida en Uruguay desde que se desatara la pandemia por Covid 19 en marzo del 2020 y que ha afectado negativamente a su población, atendiendo a que no se trata exclusivamente de una crisis sanitaria, sino que abarca todas las esferas de la vida, desnudando y profundizando las desigualdades sociales preexistentes y la creciente tendencia a la concentración de los ingresos. Las consecuencias de esta coyuntura crítica que golpea a la mayoría de la población a nivel regional y mundial, en el caso uruguayo está mediada a su vez por el ascenso al gobierno nacional de la llamada coalición multicolor de perfil conservador y neoliberal.

La situación socioeconómica y sanitaria y la respuesta estatal

Previamente a la instalación de la emergencia sanitaria por la pandemia, nuestro país venía de un ciclo de quince años de gobiernos progresistas en manos del Frente Amplio, acerca de los cuales aún se requiere procesar una reflexión rigurosa. No obstante, se puede afirmar que estos gobiernos dieron lugar a un proceso que posibilitó una caída fuerte de la pobreza y una disminución de la desigualdad social. Es así que, desde 2005, Uruguay recorrió un tercio de la brecha que separaba a este pequeño país del cono sur de América Latina de los países más igualitarios del mundo. Supuso a su vez un ciclo de crecimiento económico, reconocimiento y efectivización de derechos, recuperación de la centralidad del papel del Estado especialmente en lo que se vincula a la atención de las múltiples expresiones de la cuestión social, ampliación de la matriz de protección social y mejoras significativas en lo que refiere al trabajo y al salario en el marco de la restauración y desarrollo de la negociación colectiva. Esto a su vez impactó positivamente en la ampliación y el fortalecimiento de la sindicalización existente en el país desde fines del siglo XIX.

Desde el primero de marzo del 2020, se produce el ascenso al gobierno nacional de una coalición política conservadora[1], cerrando así el ciclo de signo progresista. Este nuevo gobierno lleva adelante en los primeros meses del pasado año una gestión relativamente adecuada de la pandemia en lo que refiere a los aspectos sanitarios, lo que se sustentó fundamentalmente en una estrategia por la que se cierran todas las actividades no imprescindibles o esenciales, un retorno posterior a las actividades progresivo y protocolizado y el aislamiento o distanciamiento responsable de la población. Contó también en esta difícil coyuntura con un sistema de salud fortalecido en función de las acciones dispuestas por los gobiernos progresistas que llevaron a la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), y que significó la ampliación de la cobertura alcanzando a la mayoría de la población con la pretensión de desarrollar una política universal y en general un mejoramiento de la calidad de las prestaciones en la atención de la salud para el conjunto de la ciudadanía. Por otra parte, este sistema de salud cuenta con recursos humanos calificados y con una formación generada fundamentalmente desde la Universidad de la República (UDELAR).[2] Lo mismo sucede con la formación de investigadores y profesionales que han contribuido desde los más diversos frentes y disciplinas a desarrollar múltiples soportes para atender los problemas y necesidades puestos de manifiesto con la crisis sociosanitaria.

Durante el año 2020 en plena situación de crisis social y económica además de sanitaria, el Poder Ejecutivo no dudó en disponer, aún en este contexto, dos sanciones legislativas relevantes: la Ley de Urgente Consideración (LUC) y el Presupuesto Nacional 2020-2024. Con la LUC Uruguay incorpora una diversidad de modificaciones a la legislación vigente e introduce una nueva normativa –notoriamente regresiva- en torno a un vasto e inconexo abanico de tópicos, tales como: seguridad ciudadana, espacio aéreo, educación, inclusión financiera, comunicaciones, régimen de adopciones, relaciones laborales, régimen previsional, medio ambiente, bienestar ambiental,  así como un conjunto de disposiciones  referidas al sector agropecuario, portuario, energético, áreas protegidas y políticas de vivienda. De manera transversal un importante conjunto de medidas asume la reducción de ámbitos de participación social, desregulariza algunas funciones del Estado y adopta una orientación fuertemente punitiva en materia de seguridad y convivencia ciudadana[3].

A su vez en diciembre del 2020 se aprueba la ley de Presupuesto Nacional para el periodo 2020-2024, la que define abatir el déficit fiscal como objetivo fundamental. Para ello, reiterando medidas que recuerdan sobre todo los años 90 del siglo pasado, se ordena el ahorro en el gasto público y aún en contexto de emergencia sanitaria, se opta, paradójicamente, por reducir las asignaciones para los rubros de salud, educación y políticas sociales, así como contener los gastos sociales para cubrir salarios públicos y jubilaciones, generando una reducción del salario real a corto y mediano plazo. Al mismo tiempo, las respuestas públicas construidas para atender los cuadros más severos de pobreza e informalidad[4], que se han visto agravados por la emergencia sanitaria, se vienen caracterizando por ser residuales, escasas con respecto a las necesidades a atender, limitadas en el tiempo y con apuestas a la iniciativa de la sociedad civil y las acciones individuales. (Baráibar, González, Leopold y Paulo, 2020).[5]

La retracción del mercado de trabajo y la debilidad de las respuestas públicas en el contexto de una pandemia que presenta desde comienzos del 2021 signos de descontrol sanitario y que, por ende, toma distancia de la relativa adecuada gestión de comienzos del 2020, configura un panorama por demás sombrío. La desigualdad tiende a profundizarse y con ella las manifestaciones sociales de una crisis socioeconómica tan relevante como profunda se tornan evidentes; en este contexto, la incertidumbre acerca del rumbo que tomará la vida social en su conjunto, tiende a incrementarse. Se asiste hoy con impotencia y perplejidad a la naturalización dominante acerca de la difícil situación socioeconómica y sanitaria y sus más duras expresiones como el hambre y las carencias críticas de techo y abrigo ante los primeros fríos del otoño que afecta a los sectores más empobrecidos. La necesidad del distanciamiento social y la permanencia de las personas en sus hogares no es posible para quienes sufren los efectos más negativos de la desigualdad social y no pueden dejar de trabajar para aportar algún sustento a sus familias. Esto se potencia con la ausencia de una sustantiva intervención y estatal y con la enfermedad y la muerte de personas que podrían haberse evitado con medidas de restricción de la movilidad, tal y como se viene recomendando desde científicos e investigadores destacados, desde las asociaciones médicas y de la salud en general, entre muchos otros actores significativos de la sociedad uruguaya. Desde las autoridades estatales se apela fundamentalmente a la responsabilidad individual: “libertad responsable” es la propuesta gubernamental para evitar los contagios.

Los resultados hasta el momento son negativos ubicándose Uruguay en los peores lugares de los rankings mundiales de la pandemia.[6] Al iniciar el mes de mayo se encuentra en el primer lugar del mundo en lo que refiere a nuevos contagios por cada millón de habitantes en la última semana. El día 3 de mayo se señala por fuentes oficiales (SINAE) que, en una población total de 3 millones y medio de habitantes, hay 2724 casos nuevos y que fallecen en promedio por día unas 50 personas afectadas todas ellas por Covid 19. Esta situación ubica a nuestro país en el tercer lugar en el mundo y en el primero de Latinoamérica, en términos de la cantidad de personas fallecidas en el mes de abril por Covid 19 por cada millón de habitantes.[7] La gravedad de esto y lo doloroso que es para todos supera la posibilidad de expresarlo sin sentir una conmoción. Es la constatación cotidiana de la barbarie naturalizada, que nos muestra en su faz más terrible la priorización del mercado y de la economía por encima de la vida (y de la vida digna para muchos ciudadanos uruguayos), proceso signado por el desconocimiento por parte de las autoridades de las responsabilidades estatales en el bienestar colectivo de la población, tanto en el presente como en las repercusiones que seguramente esto tendrá a futuro. Se trata de la puesta en acto de una necropolítica y necroliberalismo atendiendo a lo expresado por Manrique (2020) entre otros autores, donde se parte de la idea de que algunos valen más que otros y los que no tienen valor pueden ser descartados.

Se asiste a su vez al desmantelamiento de variados programas y servicios destinados a las poblaciones más vulnerables, sin que se vislumbre una propuesta alternativa que los sustituya, lo que seguramente contribuirá a agravar su situación. Esto tiene a su vez como consecuencia la desaparición de puestos de trabajo de muchos profesionales de lo social. Estos procesos evidenciados en un año de transcurrido el accionar de este nuevo gobierno, nos llevan a su vez a reflexionar acerca de las limitaciones preexistentes en las propuestas desarrolladas por los gobiernos progresistas para atender las múltiples expresiones de la cuestión social. La facilidad con que se lleva adelante su desmantelamiento nos habla también de lo frágiles y endebles de algunas de dichas políticas públicas.

Ante estos procesos la población se ha movilizado sobre todo para atender la emergencia alimentaria, recreando las ollas populares y merenderos sostenidos sobre todo con el trabajo y aporte militante y solidario de diversas expresiones colectivas: grupos y comisiones vecinales, clubes deportivos, cooperativas, sindicatos, etc. Se trata de modalidades de resistencia en un contexto adverso que limita a su vez las posibilidades de encuentro y de realización de otro tipo de movilizaciones como marchas, concentraciones, recolección de firmas para derogar la Ley de Urgente Consideración. No obstante, estas actividades se continúan realizando con múltiples cuidados por la pandemia y por las restricciones legales recientemente establecidas impidiendo la aglomeración de personas. Contradictoriamente las encuestas de opinión pública señalan que el actual gobierno si bien ha disminuido unos puntos porcentuales en su aprobación, continúa contando con el apoyo mayoritario. Esto se produce a la vez que se advierte un malestar generalizado en aquellos que se resisten y rebelan a pensar que esto es lo que quiere para sí el pueblo uruguayo, identificándose una tensión progresiva entre el gobierno y la oposición que podría indicar la presencia de una suerte de grieta o división profunda en nuestra sociedad.

 

Bibliografía

 

Páginas web consultadas

 

Notas:

[1] También llamada coalición multicolor, coalición de derecha creada en el último proceso electoral para derrotar al Frente Amplio (que continúa siendo la fuerza política mayoritaria) y que reúne a su interior como sectores más relevantes a los dos partidos más antiguos en el país denominados genéricamente como tradicionales: el partido Colorado y el partido Nacional. A ellos se suma un partido que surge como tal para las últimas elecciones nacionales y que tiene como líder a un exmilitar: Cabildo Abierto. Con mínimo peso electoral se asociaron además en esta coalición el Partido Independiente y el partido de la Gente. Todos estos partidos están coparticipando del gobierno actual a excepción del Partido de la Gente.

[2] Es de señalar también que la UDELAR es la única universidad pública del país, laica, gratuita y cogobernada desde el año 1958 y ha expandido y profundizado en los últimos quince años su potencial democratizador en el marco de los gobiernos progresistas, logrando extender sus servicios al interior del país y acrecentando sustantivamente el acceso de estudiantes que son primera generación en su familia que cursan la educación superior.

[3]  Se toman aquí algunas de las reflexiones elaboradas con la profesora Sandra Leopold en el artículo aún inédito y que se cita en la bibliografía de referencia.

[4] En este sentido desde el Instituto de Economía de la Udelar en abril del 2020 se había estimado que el número de hogares y personas por debajo de la línea de pobreza se incrementaría rápidamente. Consideraban que entre 94 mil y 127 mil personas caerían por debajo de la línea de pobreza, significando un incremento del entorno del 35,6%. Los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) constatan este empobrecimiento al menos para 100.000 personas. Por otra parte, del informe técnico de dicho Instituto y en informes de investigadores del Instituto Cuesta Duarte, se desprende que hay 350.000 trabajadores en condiciones de informalidad y 60.000 personas perdieron su empleo en este último año.

[5] Por otra parte, en la publicación de la CEPAL: Panorama Social de América Latina 2020, se consigna que la inversión social de Uruguay para atender las consecuencias socioeconómicas de la pandemia es la más baja de América Latina.

[6] No obstante, las esperanzas para superar esta situación radican en el avance de la vacunación contra el Covid 19 para la que se ha diseñado un plan de vacunación con la incorporación mayoritaria de la vacuna del laboratorio Sinovac. Para los sectores de mayor riesgo la vacuna es la de Pfiser y en muy pocos casos se aplica también la de AstraZeneca. Este proceso se inició más tardíamente que en la mayoría de los países de América Latina (28 de febrero) pero avanza a ritmo sostenido y al 9 de mayo del 2021 son 791.402 las personas con las dos dosis; con una dosis 1.231.104, por lo que se ha llegado a 57,69 dosis por cada 100 habitantes. Los especialistas del Grupo Asesor Científico Honorario de Presidencia de la República (GACH), insisten en que con la vacunación no es suficiente y que se debe disminuir la cantidad de contactos personales y por ende la movilidad social, ante lo que el gobierno permanece ajeno alegando que no se puede parar la economía.

[7] De acuerdo a lo publicado por Our Word in Data de la Universidad de Oxford.

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