Violencia, policía y estado en tiempos pandémicos. Un estudio en Río Negro

Las fuerzas de seguridad adquirieron un rol fundamental en el contexto de implementación de las medidas de aislamiento y distanciamiento durante la pandemia de COVID-19, cuando el control de la población, vía el “control de circulación” magnificó el poder policial. Esta situación se convirtió en un eje de investigación conjunta cuando la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación lanzó la convocatoria PISAC-COVID 19, que reunió a investigadores de todo el país interesados en indagar distintos aspectos de la situación pandémica.

Este artículo presenta algunos de los resultados a los que arribó el Nodo “Río Negro”, compuesto por estudiantes e investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro, que conformaron el PISAC-COVID 19 “Fuerzas de Seguridad, vulnerabilidad y violencias”.¹ Las siguientes páginas hacen referencia a la interacción entre la policía y la población en las ciudades de Cipolletti y San Carlos de Bariloche, a lo largo del año 2021. En las excepcionales condiciones que deparó la pandemia, nos esforzamos por comprender la noción de estatalidad enunciada e interpelada y que circuló en algunos barrios vulnerables de esas localidades y, a raíz del incremento policial en el mantenimiento del orden en los espacios públicos, fue necesario revisar las nociones y percepciones de violencia(s). Con este fin, se realizó trabajo de campo. En la ciudad valletana, el relevamiento de entrevistas se realizó a partir de la identificación de zonas de conflicto determinadas por un mapa de calor. En función de dicho mapa se realizaron entrevistas en cinco comisarías (4, 24, 32, 45 y 79) y en seis barrios: Obrero, 2 de Agosto, Ferri, Labraña, La Paz y 2 de Febrero. En Bariloche, se relevaron tres de las cuatro comisarías existentes hasta ese momento: la 27, 28 y 42. Estas dependencias tienen bajo su jurisdicción zonas sumamente dispares y dos de ellas (las comisarías 27 y 42 y su destacamento dependiente, 137 Villa Mascardi) se ubican las comunidades mapuche, siendo personal de estas dependencias las convocadas por la justicia en ocasión de operativos judiciales en la zona.² La Comisaría 28, por su parte, estuvo directamente involucrada en la denominada “Masacre del Alto”.³ Las entrevistas a vecinos, referentes barriales e integrantes de las comunidades fueron establecidas a partir de conocimientos y relaciones previas, lo cual permitió un desarrollo bastante amplio de las entrevistas. En el caso de los agentes policiales, preferimos las entrevistas grupales porque demostraron ser más enriquecedoras que las realizadas de manera individual, que generaban una situación de gran tensión y respuestas forzadas y rápidas. La reunión de la guardia en la cuadra favoreció la conversación y el cruce de diferentes puntos de vista entre los efectivos. La discusión “abierta” permitió indagar respecto de conceptualizaciones nativas sobre el trabajo policial y, aún en un contexto de limitaciones por la presencia de diferentes jerarquías de los agentes, una de las cuestiones a la que más tiempo dedicaron fue a expresar su propia posición como policías, en relación a la institución, sus falencias estructurales, su aparente desamparo y, finalmente, la incomprensión sobre su labor, durante y más allá del contexto pandémico. Fue también, en estos contextos, que las referencias a las violencias y a la relación de la policía con la comunidad pudieron ser expresadas.

La principal conclusión de nuestro trabajo de investigación destaca que las apreciaciones que las y los actores asignan al papel y las capacidades del estado, en especial, las vinculadas a la seguridad y sus acciones como “omisiones violentas”, se sedimentan en la larga duración del proceso de territorialización de este espacio subnacional.⁴ Desarrollamos a continuación los aspectos más relevantes de este argumento.

La policía en el terreno

Las fuerzas de seguridad provinciales en colaboración con las federales fueron clave para regular el territorio y controlar las poblaciones a partir de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno rionegrino mediante el decreto 297/20. En el despliegue del trabajo policial se estipulaba la coordinación con el área de salud y las municipalidades; y la creación de comandos o comités entre distintos organismos del estado y organizaciones sociales (Comando Unificado de Fuerzas en Bariloche y Comité Operativo de Emergencias en Cipolletti). Los ejecutivos municipales determinaron el tipo de restricción, y las Regionales de la Policía provincial decidieron la distribución de los puntos de control y las obligaciones específicas del personal policial.

Durante ese tiempo, la colección de disposiciones para el cumplimiento del aislamiento y distanciamiento social implicó, un cierto “desborde” y sobrecarga a la labor policial . A más tareas y menos personal se conjugó un estado de trabajo signado por las carencias presupuestarias que representan una referencia histórica en relación a la situación de las policías (Fernández Marrón en prensa). Edificios faltos de espacio para guardar la distancia estipulada, pocos elementos para la limpieza, desinfección básica y cotidiana de las comisarías y/o espacios de trabajo como productos de bioseguridad para cada agente -que fueron reclamados en cantidad a las altas jerarquías- caracterizaron las prácticas y rutinas policiales. Como corolario, el contagio en el cumplimiento del deber provocó miedo. “Llevar el virus a sus casas” fue una preocupación constante que inclusive fue descripta como una cierta “psicosis” ante las tareas que implicaba contacto con gente.

De modo que directa o indirectamente, la pandemia cristalizó y configuró una variedad de demandas cuyo principal referente fue el estado. En los diversos relatos u observaciones de los entrevistados la “presencia” y “ausencia” del estado fue enunciada de manera permanente.

Responder a esos requerimientos, supuso a la institución policial un incremento de sus intervenciones en el lapso de este bienio; acaso como parte de un continuum histórico en donde la agencia ha sido la primera receptora de cualquier eventualidad o conflicto. Ante los ojos de las y los policías, acudir “para todo” les permitió adaptarse a un escenario vacilante. Pero la pretensión de cuasi omnipresencia se vió confrontada con los avatares de un oficio caracterizado por la urgencia y por patrones de acción donde lo negociable, lo discrecional y lo arbitrario dirimen las decisiones sobre la intervención.

Intervención policial y violencia

Cuando se trata de un barrio consolidado, la relación con la policía se vuelve más fluida y se canaliza a través de referentes barriales, a quienes responden los llamados y mensajes vía whatsapp. Es entonces que la policía puede “aparecer” y acompañar el pedido a través de alguna de las múltiples tareas que se les ha solicitado: para que pueda ingresar una ambulancia o los bomberos, para dirimir en algún conflicto o agresión en la vía pública, etc.

Sin embargo, otras comunidades y barrios interpelaron a la policía por sus ausencias ante tareas propias de la institución. Cuando el Estado afrontó la tarea de desplegar su acción policial en la crisis sanitaria quedaron al descubierto patrones de comportamientos previos que contribuyó a la situación de segregación y estigmatización que enfrentan histórica y cotidianamente ciertas poblaciones. Demoras en las respuestas a las solicitudes de emergencias o de incendios, la renuencia a efectivizar cierta clase de denuncias en sectores vulnerables o de resguardo frente a la violencia privada hacia las comunidades mapuches en particular, agudizaron las tensiones con la población y profundizaron la brecha de vacíos y omisiones.

En esta referencia constante a las “ausencias”, una serie de demandas deben ser entendidas en tanto exigencia al estado de redoblar su condición de garante de derechos. Una imagen que repone un abandono reiterado, que viene “de hace años” y que se entrama con una presencia en el territorio que asume la forma de la intervención punitiva. Esta operación habilita a otra forma de clasificar esas violencias; que argumenta que todas esas violencias pueden ser tenidas por violencia institucional cuando no por la acción, por la abstención (Pita 2017, 54-55).

Teniendo en consideración estas constataciones, las denuncias registradas y clasificadas como casos de “violencia institucional” por el Ministerio Público Fiscal en sus informes 2019 y 2020 para la provincia evidencian un descenso. No obstante, una variable se muestra decisiva: la alta “cifra negra” o subregistro de esta problemática en el territorio. Al desagregar la información pública disponible, a partir de registros policiales de denuncias e intervenciones que suelen expresar prácticas abusivas en el territorio -tales como la detención por averiguación de antecedentes, de identidad y las detenciones por “atentado y resistencia a la autoridad”-, no permitía determinar con precisión el comportamiento y expresión de estas situaciones. En realidad la diferencia en la tasa de abusos residía en observar el comportamiento de los “delitos contra la administración pública” que se veían estrechamente correlacionados con las detenciones por atentado y resistencia a la autoridad. En el año 2020, estos delitos se elevaron por encima del 3% en relación a los valores de los tres años previos de la serie considerada. Una modalidad cotidiana, de menor espectacularidad pero de larga duración y relativamente sistemática, que María Pita (2019) identifica con la categoría de hostigamiento.

Sobre estas prácticas históricamente constituidas y sus efectos más profundos y duraderos se manifestaron los integrantes de las distintas comunidades mapuche de la zona en las entrevistas. El periodo de pandemia vino acompañado de novedades en la performance de acciones peyorativas y humillantes hacia las comunidades. Porque las diferencias entre la intervención o la no intervención policial -“es ese abandono, y tiene que ver también con esa violencia”- oscilaron entre el aumento de la vigilancia policial en puntos cercanos y de acceso a las comunidades con el presunto objetivo de controlar los permisos de paso y la negativa a tomar las denuncias de las comunidades ante la presencia de amenazas.

Inevitablemente, la caracterización de las violencias aludió a situaciones cuya relación con la institución policial es la de ser consideradas como parte de sus tareas en tanto aparato represivo del estado, portador de la violencia legítima. La conflictividad social, las disputas, peleas de diferentes grados de intensidad y entre distintas personas -familiares, bandas, conocidxs alcoholizadxs, etc.- aparecen en las entrevistas caracterizadas como violentas cuando interrumpen o impiden el flujo de actividades cotidianas, la prestación de servicios o la garantía de derechos. Esa violencia es, habitualmente, depositada en aquellos que devienen “otros” por su distancia moral. En relación a estas poblaciones “otras”, la legitimidad de la violencia policial es ambigua. Es reconocida e impugnada cuando se piensa en su aplicación para los propios, pero no es caracterizada moralmente cuando se relata como accionar contra aquellas poblaciones consideradas “violentas”.

La crisis puso nuevamente en primer plano las carencias presupuestarias de la institución y la limitada capacitación de sus agentes, así como las falencias y desamparos ante el cual se sintió expuesto el personal policial. Tal como surgió del análisis del trabajo de campo realizado, la experiencia pandémica osciló entre la superposición de tareas y el agotamiento de los agentes y la demanda ciudadana por una presencia policial satisfecha de manera sumamente dispar. Las policías tuvieron a su cargo una forma específica de mantenimiento del orden que fue el aplicado a través del control. Esta faceta fue más ampliamente percibida y evaluada a partir de la implementación de los controles sobre la circulación que, como nunca antes, restringían los movimientos de la población en su totalidad. También en este aspecto las formas de la presencia y la aplicación de las violencias no constituyen, en sí mismas, una novedad. Fue, por el contrario, esta asociación entre la presencia y la ausencia la que terminó de definir, de acuerdo a las poblaciones y sus trayectorias previas de relación, la legitimación y caracterización de la “violencia”.

Queda cerrar este trabajo destacando que la institución policial ha sido escasamente estudiada en la región y, de manera consecuente, los datos disponibles hasta la realización de este proyecto -en lo que respecta a sus prácticas cotidianas y a su intervención en el territorio- eran por demás escasos. Este estudio, por ende, permitió identificar una paradoja respecto de la visibilidad del trabajo policial en pandemia, donde a la exigencia de cuidados y de presencia estatal significados en la institución, se le impuso aquella de las ausencias y violencias, producto en buena medida de trayectorias, condiciones y patrones previos de actuación.

Autoras:

Eva Muzzopappa – Antropóloga. Docente de la Universidad Nacional de Río Negro, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCA/UNRN/CONICET).

Melisa Fernández Marrón – Historiadora. Docente de la Universidad Nacional de Río Negro, investigadora del Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas y Gobierno (UNRN-IIPPyG).

Fotografía: GERMAN ROMEO PENA “Estado presente”

 

Bibliografía

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Fernández Marrón, M., “Policías en los Territorios Nacionales de la Pampa y Patagonia”, en: Caimari, L. y Galeano, D. (eds.) Historia de la Policía en Argentina, Rosario: Prohistoria, en prensa.

Pérez, P., Archivos del silencio. Estado, indígenas y violencia en Patagonia central, 1878-1941, Buenos Aires. Prometeo, 2016.

Pita, M. V., Hostigamiento policial o de las formas de la violencia en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Relato de una investigación. Desacatos: Revista de Ciencias Sociales, (60), 2019, 78-93.

Pia, M.V. “Violencias y trabajos clasificatorios. El análisis de la noción “violencia institucional” qua categoría política local”, en: Revista Ensambles, 4, 7, 2017, 52-70.

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